El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, José Miguel Durana, ha solicitado al Gobierno de Chile que evalúe la permanencia del país en la Convención de Ottawa, un tratado que prohíbe el uso de minas antipersonal, con el fin de “recuperar herramientas legítimas de defensa” ante el aumento de la criminalidad en la Macrozona Norte.
El congresista de la Unión Demócrata Independiente (UDI) por la Región de Arica y Parinacota destacó que esta “no es una discusión ideológica, sino una reacción proporcional y sensata ante una amenaza real. En la Macrozona Norte, afirman, ya no se trata únicamente de migración irregular, sino de bandas criminales transnacionales que operan con armas, control territorial y redes de tráfico de personas, drogas y armas”.
“Si el Estado no puede garantizar el control fronterizo, no está cumpliendo su función más básica. La Convención de Ottawa fue concebida para tiempos diferentes, no para enfrentar a bandas que operan con violencia, armamento y poder económico”, enfatizó el senador.
“Actualmente, los habitantes de Arica viven con miedo. Hay tráfico de migrantes, trata de personas y lavado de dinero a su alrededor. No estamos pidiendo militarizar el país, sino exigiendo herramientas legales y efectivas para proteger a la gente”, agregó.
Además, subrayó que “otros países democráticos han revisado tratados internacionales cuando estos son incompatibles” con sus desafíos internos. “Chile no puede permitirse seguir siendo ingenuo. El Estado está perdiendo territorio. Es hora de recuperar el control”, afirmó.
Una medida legítima
El senador declaró a La Segunda que la situación de inseguridad en Arica —donde asegura que más del 60% de la población se siente amenazada— ha llegado al punto de generar una demanda ciudadana por respuestas firmes y concretas. “La gente vive con miedo, no puede disfrutar de su ciudad en libertad y nos exige acciones proporcionales al nivel de amenaza”.
Aunque Durana reconoce que la reactivación de las minas antipersonal no es inmediata, considera esencial eliminar las “amarras legales” que actualmente impiden siquiera evaluar esa opción. “El país debe estar listo para utilizar todos los mecanismos disponibles para resguardar su integridad territorial. No se trata de ideología, sino de sentido común”, aseguró.
El senador de la Región de Arica y Parinacota también advierte que el contexto ha cambiado drásticamente desde la firma del tratado. “Hoy enfrentamos redes criminales transnacionales, con armas, lavado de dinero y cooptación institucional, que operan a plena luz del día. ¿Vamos a seguir como si nada sucediera?”, plantea.
El congresista está preparando un documento formal dirigido al Ministerio del Interior y al Ministerio de Seguridad Pública para solicitar oficialmente que el Ejecutivo evalúe la posibilidad de salir del tratado. Durana cree que esta medida, que considera legítima y alineada con la defensa de la soberanía, debería ser parte de los programas presidenciales en las próximas elecciones. De hecho, espera que la carta de su sector, Evelyn Matthei, lo incluya como un eje central de su propuesta de seguridad.
“Chile no puede seguir siendo rehén de tratados que obstaculizan respuestas efectivas ante amenazas reales”, reafirmó Durana.