En un movimiento que pone de manifiesto las presiones fiscales que enfrenta el país, el Gobierno de Chile ha incorporado en su proyecto de Ley de Presupuestos 2026 una cláusula que permite posponer el cumplimiento de ciertas obligaciones relacionadas con el financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional. Esta medida, especificada en el artículo 37 del documento, tiene como objetivo equilibrar las cuentas públicas sin comprometer, al menos en apariencia, la operatividad de las Fuerzas Armadas, aunque plantea dudas sobre el impacto a mediano plazo en la modernización militar.