El Tribunal Supremo ha desatado un nuevo foco de tensión en la disputa por los importantes contratos de artillería del Ejército de Tierra al aceptar a trámite el recurso de General Dynamics European Land Systems – Santa Bárbara Sistemas (GDELS – SBS) contra la concesión de 3.002 millones en préstamos a interés 0% a la UTE compuesta por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) para el programa de obuses.
El Alto Tribunal ha admitido un recurso contencioso-administrativo presentado por GDELS – SBS, que impugna la decisión del Gobierno de otorgar financiación en condiciones preferenciales a Indra y EM&E para los nuevos obuses autopropulsados sobre cadenas y sobre ruedas. Entre las medidas solicitadas por la parte demandante está la suspensión cautelar de esos 3.002 millones en préstamos estatales al 0% de interés. No obstante, la admisión a trámite no implica que el Supremo haya decidido paralizar los fondos, sino que se dispone a estudiar el fondo del asunto.
Los programas de obuses en disputa
El litigio se centra en la financiación de los programas de artillería autopropulsada: un obús sobre ruedas, para el que el Ministerio de Industria y Turismo concederá un préstamo al 0 % de interés por valor de 1.181 millones de euros, y otro obús sobre cadenas, para el que se ha autorizado un préstamo adicional de 1.821 millones. Ambos contratos han sido adjudicados a UTEs formadas por Indra y Escribano. Estos préstamos al 0 % son los de mayor cuantía concedidos a la alianza industrial y deben ser utilizados para iniciar el desarrollo de los futuros sistemas de artillería del Ejército de Tierra sin que las empresas tengan que usar recursos propios.
GDELS, a través de Santa Bárbara Sistemas, se consideraba la favorita técnica al contar ya con soluciones de obuses autopropulsados desarrolladas, y argumenta que la decisión del Gobierno ha desdibujado la posición de la histórica compañía española, a pesar de su experiencia y capacidades en el campo de la artillería. La empresa había manifestado su descontento con el cambio de rumbo del Ejecutivo, aunque inicialmente se mostró dispuesta a colaborar con Indra. Ahora, eleva el conflicto al ámbito judicial al cuestionar tanto la adjudicación como el modelo de financiación propuesto para la UTE de Indra y Escribano.
Un pulso que trasciende la artillería
Los 3.002 millones en cuestión forman parte de un amplio paquete de préstamos al 0 % de interés que el Gobierno desea destinar a la modernización de más de una treintena de programas, en los cuales Indra figura como un actor central junto a sus socios, mientras Santa Bárbara ve su posición tradicional en el segmento terrestre amenazada. La ofensiva judicial de GDELS inicia una nueva fase de confrontación empresarial en los grandes programas de defensa y añade incertidumbre a un calendario crítico para la renovación de la artillería española, justo cuando el Ejecutivo busca consolidar un «campeón nacional» alrededor de Indra.
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