Este viernes, las autoridades aprobaron la nueva Ley de Seguridad Municipal, que refuerza el papel de los gobiernos locales, profesionaliza a los inspectores municipales y les proporciona mayor protección. Además, se crearon los Comités de Coordinación Operativa.
Con esta ley, se reconoce formal y explícitamente la función preventiva de los municipios en la seguridad, definiendo su rol como parte fundamental en el fomento de la seguridad pública.
La ley establece atribuciones claras y reguladas para llevar a cabo tareas preventivas, de fiscalización y apoyo operativo, manteniendo su carácter no policial. Su objetivo es garantizar estándares uniformes en la formación, control interno y resguardo del equipo municipal.
Asimismo, se regula por primera vez la ejecución autónoma de tareas preventivas, como patrullajes, detenciones en flagrancia, televigilancia y la incautación de mercancías ilegales, así como funciones en colaboración con Carabineros, como patrullajes mixtos y controles de tránsito.
Puntos clave de esta nueva ley
Coordinación Institucional: Se establece un sistema obligatorio de intercambio de datos y cooperación entre los municipios, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio Público y las fuerzas policiales.
Se contempla la creación del Comité de Coordinación Operativa, liderado por el alcalde o alcaldesa, con la participación activa de Carabineros, la PDI y el Ministerio Público, para mejorar la colaboración operativa y permitir respuestas más eficientes a desafíos locales.
Rol Legal del Inspector Municipal: Se formaliza la función de los inspectores, definiendo legalmente sus roles, requisitos y atribuciones para colaborar con la policía.
Protección y Equipamiento: Los municipios ahora deben proveer elementos de protección personal (como chalecos antibalas) a sus funcionarios en el terreno, y se aumentan las sanciones por agresiones a estos trabajadores.
Armamento No Letal: Se permite a los inspectores el uso de dispositivos de disuasión y defensa no letales, enfocándose en la fiscalización y la seguridad preventiva.
Detención en Flagrancia: La ley establece el protocolo para que los inspectores puedan actuar en caso de flagrancia y coordinar el traslado de detenidos con Carabineros o la PDI.
Flexibilidad en Contratación: Permite a los municipios contratar personal de seguridad bajo el Código del Trabajo, facilitando así el aumento de su plantilla sin las restricciones típicas de la dotación municipal.
Además, se introducen nuevas modalidades de contratación, incluyendo la posibilidad de emplear personal bajo Código del Trabajo y mediante asociaciones municipales de seguridad, lo que permite formar equipos estables y especializados que respondan a necesidades históricas de capacidad preventiva.
La ley también incorpora un agravante penal para las agresiones a inspectores municipales, equiparando su protección al de otros equipos públicos relacionados con la seguridad. Obliga a dotarlos de elementos defensivos certificados y garantiza capacitación continua y condiciones laborales que favorezcan un trabajo seguro y eficaz.
Finalmente, se establecen estándares para el uso de cámaras, drones y sistemas de televigilancia, buscando equilibrar la eficacia operativa con la protección de datos personales, garantizando su aplicación responsable, proporcional y transparente.
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