El Senado rechazó el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial y envió la propuesta a comisión mixta.
En sesión ordinaria, la sala aprobó parte de los cambios de la Cámara de Diputados al proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica contra el crimen organizado.
Sin embargo, rechazó la disposición que permitía el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial cuando se investigue a asociaciones criminales y organizaciones delictuales. El oficialismo y el Gobierno se oponían a esta idea, impulsada por la oposición.
El proyecto busca identificar operaciones financieras sospechosas relacionadas con lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas, mediante el análisis de información económica y financiera.
En este contexto, establece un sistema de trabajo conjunto entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas. Estas instituciones podrán intercambiar información y fortalecer sus capacidades de análisis para detectar movimientos irregulares.
Además, la iniciativa crea unidades de inteligencia y análisis económico tanto en Impuestos Internos como en Aduanas, para mejorar la investigación de operaciones sospechosas.
También incorpora nuevos mecanismos para seguir la ruta del dinero proveniente de actividades criminales. Entre ellos, el análisis de datos económicos y financieros, la trazabilidad de operaciones económicas, el intercambio de información entre organismos del Estado y el fortalecimiento de las facultades de fiscalización.
Durante toda la discusión se recordó la Operación Tokio, megaoperativo policial que logró desarticular el brazo financiero del Tren de Aragua y que incluyó la detención de un ejecutivo bancario.
Los impulsores del levantamiento del secreto bancario aseguraron que «este procedimiento podría haberse realizado con mayor rapidez si estuviera este proyecto promulgado como ley porque de seguro hay más ejecutivos bancarios coludidos con criminales».
En forma transversal, las y los legisladores reconocieron que «nadie en esta Sala tiene algo que esconder»; sin embargo, los matices se hicieron ver a la hora de permitir a la autoridad levantar el secreto bancario.
Así, algunos manifestaron que «podría proceder esta herramienta si se genera un listado de organizaciones criminales enemigas de Chile y se simplifican los tiempos para hacer esta gestión», mientras otros advirtieron que «hay que tener cuidado con esta medida intrusiva».
También se hizo presente la necesidad de asegurar mecanismos de auditoría y control, estableciendo resguardos ante un eventual mal uso de información. Así se insistió en que el fin es impedir que el crimen organizado haga uso del sistema financiero para seguir la llamada ruta del dinero.
El narcotráfico, la corrupción, la trata de personas y el lavado de dinero no se combaten con una consigna, sino identificando a quienes mueven los recursos.
Sobre el secreto bancario en específico, se indicó que «hoy puede levantarse por vía judicial, pero el proyecto establece tres causales para iniciar levantamientos de manera administrativa: realizando una auditoría obligatoria, estableciendo sanciones a los funcionarios y generando una rendición de cuentas al Congreso».
Con Información de radio.uchile.cl
