El asesinato de un niño de 12 años durante un asalto en San Bernardo generó un intenso debate político sobre la responsabilidad penal adolescente. El menor falleció tras quedar atrapado y ser arrastrado por delincuentes que cometieron un violento robo de vehículo.
Tras la tragedia, la bancada de la UDI impulsó una iniciativa legislativa que logró la aprobación de 77 votos en la Cámara de Diputadas y Diputados para solicitar al Presidente José Antonio Kast la reducción de la edad de imputabilidad penal de 14 a 13 años. Además, buscan que menores reincidentes entre 16 y 18 años sean procesados bajo el régimen de adultos.
Francisco Estrada, abogado, académico, exdirector nacional del Sename e integrante del Consejo de Estándares y Acreditación del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, considera que esta ofensiva legislativa responde a un «canto de sirena» que direcciona al país hacia el populismo punitivo, ignorando evidencia internacional y destruyendo consensos de Estado establecidos por décadas.
En entrevista con el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile, Estrada cuestionó el impacto real de estas medidas. Respecto a cómo competir contra el crimen organizado que recluta menores aprovechando su condición legal, el académico refutó la efectividad del aumento de penas.
«El buenismo está del lado de quienes creen que incrementar las penas va a significar una reducción del delito», sostuvo Estrada. «Al crimen organizado le importa un bledo, porque para ellos los jóvenes son un soldado absolutamente desechable; si le bajas la edad a 13, contratará a uno de 12. No es esa la cuestión».
El exdirector del Sename advirtió sobre la «paradoja de quienes creen que se puede enseñar a vivir en libertad encerrando a las personas». Explicó que mantener a un menor en régimen cerrado durante años solo fortalece el contexto criminógeno, donde el joven debe adaptarse a lógicas carcelarias de supervivencia y contacta con pares más avezados, convirtiendo la prisión en una verdadera «escuela del delito».
Estrada instó a los actores políticos a enfocar esfuerzos en las verdaderas raíces de la criminalidad temprana. Para el especialista, la respuesta estatal debe priorizar la mejora de las condiciones habitacionales y asegurar programas integrales y efectivos para frenar la deserción escolar.
Asimismo, subrayó la urgencia de fortalecer la salud mental pública para abordar traumas derivados del maltrato infantil o el consumo de drogas intrafamiliar, denunciando que «hoy día tenemos muy poquitas horas de médicos psiquiatras infanto-juveniles en el sistema público». A este escenario de vulnerabilidad se suma la profunda ausencia de cuidados; el académico señaló que la sociedad chilena hace «la vista gorda» frente a miles de niños que crecen solos porque sus padres deben salir a trabajar obligados por la falta de recursos, creando así el «caldo de cultivo» perfecto para la delincuencia y el reclutamiento de bandas organizadas.
El académico mostró preocupación por las «propuestas de último minuto» e urgencias legislativas impulsadas por el Gobierno, que priorizan la internación cerrada. Estas decisiones rompen, a su juicio, con un acuerdo transversal construido durante administraciones anteriores, reflejadas en la Ley 21.527 que creó el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil.
«Estas propuestas de último minuto se alejan de ese amplio consenso y parecen intencionadas, pero muy poco informadas en torno a los medios para alcanzar esos fines que se pretenden», fustigó.
Estrada también rectificó declaraciones recientes del Ejecutivo sobre el desempeño de la nueva institucionalidad, que recién en enero de este año entró en vigencia en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins.
«Me llama la atención que el ministro de Justicia ha señalado que hay programas del nuevo servicio que se van a recortar en presupuesto porque están mal evaluados. Yo veo que el ministro está mal informado. Basta que revise la página de la Dipres para encontrar que ningún programa del nuevo servicio de reinserción juvenil ha sido evaluado aún», aclaró.
El abogado destacó que las herramientas para tener mejores resultados ya están en marcha en el sistema judicial. Mencionó la implementación de jueces, fiscales y defensores especializados, junto con programas de intervención basados en estrictos estándares técnicos elaborados desde 2023. Factores que, insistió, necesitan tiempo para mostrar resultados frente a la constante presión de la agenda coyuntural.
Con Información de radio.uchile.cl
