El poder del crimen organizado trasciende la cantidad de delitos que comete. Su mayor amenaza radica en su capacidad de imponer reglas propias, controlar territorios e inutilizar la confianza de la comunidad en el Estado como garante de protección.
Cuando se aborda el tema de crimen organizado, la atención habitualmente se enfoca en homicidios, narcotráfico e incautaciones de drogas. No obstante, existe un fenómeno más discreto y multifacético que frecuentemente permanece oculto: el control territorial.
Las organizaciones criminales no necesitan dominar una ciudad completa para convertirse en una amenaza seria a la seguridad pública. Con controlar algunos barrios estratégicos e imponer sus normas, logran que habitantes, comerciantes y residentes comiencen a reconocer que ciertas decisiones ya no dependen de la autoridad estatal, sino de quienes ejercen poder mediante la intimidación.
Este momento representa un punto de quiebre. El delito se transforma de un evento aislado en una forma de gobernanza criminal.
El control territorial no surge de enfrentamientos armados o demostraciones masivas de violencia. Generalmente se establece de forma progresiva. Comienza con incivilidades y deterioro del espacio público. Después se asientan economías ilícitas como tráfico de drogas, comercio clandestino o extorsión. Posteriormente aparecen las amenazas, el silencio de las víctimas y la merma continua de presencia institucional.
Con el tiempo, las organizaciones criminales comienzan a determinar quién puede comerciar en un sector, quién puede realizar actividades económicas, quién debe pagar por «protección» y, en casos más extremos, quién tiene permiso para permanecer en un territorio.
Cuando esto sucede, el crimen organizado deja de competir con el Estado para comenzar a sustituir algunas de sus funciones.
La literatura especializada denomina gobernanza criminal a estas situaciones donde grupos delictivos ejercen, en la práctica, formas de autoridad sobre una comunidad mediante coerción, miedo o control de economías ilegales. Donde las instituciones pierden capacidad para cumplir plenamente sus funciones, otros actores procuran ocupar ese espacio.
La experiencia internacional demuestra que este proceso no es particular de un país específico. En diversas regiones de América Latina, organizaciones criminales han reproducido patrones similares: aprovechan territorios vulnerables, construyen redes de apoyo mediante actividades ilícitas e imponen normas paralelas a las instituciones públicas.
La cooperación policial internacional ha permitido observar que estas organizaciones no solo trafican drogas, armas o personas. También exportan modelos de funcionamiento criminal que se adaptan rápidamente a nuevas realidades y cruzan fronteras con facilidad. Comprender cómo evolucionaron estos fenómenos en otros países permite anticipar riesgos y fortalecer capacidades preventivas antes de que el problema alcance mayores niveles de complejidad.
Chile aún cuenta con tiempo para evitar que estos procesos se consoliden. La respuesta no puede limitarse a reaccionar ante hechos de violencia o aumentar presencia policial cuando el problema ya está instalado. Recuperar el control territorial requiere acción coordinada entre policías, municipios, fiscalías, servicios públicos y la comunidad. Implica intervenir tempranamente en barrios, recuperar espacios públicos, fortalecer inteligencia criminal, perseguir el patrimonio de organizaciones delictivas e impedir que el miedo sustituya la confianza en las instituciones.
La experiencia comparada demuestra que recuperar un territorio resulta siempre más difícil y costoso que evitar perderlo.
Las organizaciones criminales no comienzan gobernando un país.
Comienzan gobernando una esquina.
Después una calle.
Luego un barrio.
Y cuando la comunidad termina aceptando que las reglas las impone el delincuente y no el Estado, recuperar ese territorio exige mucho más que procedimientos policiales. Requiere reconstruir confianza, restablecer presencia institucional y demostrar que la autoridad legítima nunca debió abandonar ese espacio.
Porque la mayor fortaleza de una política moderna de seguridad no consiste únicamente en perseguir el delito. Consiste, sobre todo, en impedir que alguien distinto al Estado llegue a ejercer control sobre la vida cotidiana de sus ciudadanos.
Con Información de revistaseguridad.cl
