Un grupo de empresas del sector privado se unió esta mañana para constituir la Asociación Nacional contra las Economías Ilícitas (ANEI), una iniciativa que busca colaborar estratégicamente con las autoridades para reducir la oferta de productos ilegales y desincentivar la compra de bienes en el comercio informal en Chile.
La creación de esta entidad responde a un diagnóstico crítico sobre el avance de la criminalidad y el deterioro de los espacios públicos. Según el informe «Por un Chile sin Economía Ilícita», elaborado por la Confederación de la Producción y del Comercio, las actividades ilícitas generan un daño al fisco estimado en aproximadamente USD$ 1.500 millones anuales, mientras que el sector privado invierte casi US$ 2.700 millones para protegerse del crimen organizado.
Ante esta situación, empresas líderes de diversos sectores adoptaron una postura de corresponsabilidad corporativa, señalando que el contrabando, el comercio ilícito y las falsificaciones se han convertido en los principales motores financieros de otras actividades delictivas.
La coalición está integrada por BAT Chile, Duracell, Empresas SB, L´Oréal Groupe Chile y Penguin Random House Grupo Editorial. Es presidida por Arturo Alessandri, abogado del estudio Alessandri Abogados, y tiene como objetivo impulsar iniciativas públicas reconociendo el rol fundamental del sector privado en el apoyo a la gestión gubernamental.
Arturo Alessandri, presidente de la ANEI, señaló: «Hoy, el entorno económico castiga a quienes cumplen las reglas y favorece una informalidad que alimenta financieramente a las bandas criminales, facilitando su escalada hacia otros delitos. Contamos con valiosos diagnósticos tanto sobre la merma de ingresos fiscales, como el costo del impuesto a la seguridad que debe pagar el sector privado. Buscamos ser un paraguas donde se pueda compartir información y generar actividades apoyadas por la iniciativa privada, con el fin de encontrar soluciones conjuntas con el Estado, los entes fiscalizadores y la ciudadanía. Creemos que es momento de pasar a la acción».
El lanzamiento contó con la presencia de representantes del sector privado, la sociedad civil y sector público, incluyendo al subsecretario de las Culturas y de las Artes de Chile, Carlos Lobos Mosqueira, quien instó a «los actores de todos los ámbitos a sumarse a este esfuerzo transversal y contribuir a una nación más segura para todos».
María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, expresó que «las empresas deben dar un paso al frente aportando datos concretos y experiencia práctica. ANEI permitirá hacer frente a un crimen organizado al que no podremos desarticular utilizando las mismas herramientas de siempre».
Pilar Lizana, doctora en Gobierno y Administración Pública y miembro del consejo asesor del Observatorio Territorial de Seguridad de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), destacó: «El crimen organizado opera con lógica empresarial, busca maximizar rentabilidades y utiliza la violencia como herramienta de negocio. Las economías ilícitas crecen de forma silenciosa alimentando este fenómeno y generando un enorme costo social y fiscal para Chile. Para derrotarlas, necesitamos comprender la naturaleza de esta amenaza y responder con una estrategia unificada entre el sector público y privado. En esto, la creación de ANEI es un paso fundamental».
La institución propone establecer una política de Estado que mantenga vigencia más allá de los cambios de gobierno. Sus principales propuestas incluyen: la formación de una asociación público-privada que reconozca al empresariado como aliado estratégico; la creación de un Sistema Nacional de Información Interinstitucional independiente; unificar el discurso público sobre las economías ilícitas para eliminar su romantización; formalizar los mecanismos de cooperación público-privada; e implementar un sistema eficiente para la gestión de bienes incautados que permita su destrucción temprana o reutilización social.
La Asociación Nacional contra las Economías Ilícitas es una iniciativa chilena fundada en 2026 que agrupa a un consorcio de empresas e industrias afectadas por el contrabando, comercio ilegal, falsificación, piratería y evasión fiscal asociada. Su objetivo principal es articular un frente común y coordinado de esfuerzos con el Estado, entidades fiscalizadoras y la ciudadanía para combatir las economías ilícitas, recuperar los espacios públicos y reactivar la economía local.
Con Información de revistaseguridad.cl
