El lunes, el Presidente José Antonio Kast firmó el proyecto de reforma constitucional que integra su Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). La propuesta fue recibida con escepticismo por la oposición, que cuestionó tanto la necesidad de una reforma de este tipo para enfrentar los desafíos en seguridad, como la reapertura de la discusión constitucional.
La iniciativa gubernamental contempla cinco medidas principales. Además de incorporar el resguardo de la seguridad pública en la Constitución, incluye la creación de un nuevo estado de excepción constitucional, la elaboración de un registro nacional de organizaciones criminales, el establecimiento de regímenes penitenciarios diferenciados para líderes de esas organizaciones, y facilitar la incautación y liquidación de bienes del crimen organizado.
Paralelamente a la presentación del proyecto en La Moneda, presidentes y secretarios generales de los partidos de oposición se reunieron en la sede del Partido Socialista, encuentro en el cual la seguridad fue el tema central.
Los líderes opositores reiteraron sus críticas al Gobierno por no incorporar medidas como el levantamiento del secreto bancario, y expresaron dudas sobre si una reforma constitucional es realmente necesaria para responder a los desafíos en seguridad.
La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, afirmó que desde el progresismo están dispuestos a discutir sobre seguridad, pero esperan medidas que «realmente ayuden a abordar esta temática» y que se deje de lado la «política del espectáculo y la confrontación». Sostuvo que «nosotros tenemos la convicción de que hoy día para avanzar en mayor seguridad para las personas no es necesario un cambio constitucional, sino que probablemente el Gobierno pretende hacer de esto un debate que divida posiciones».
Martínez agregó que «la seguridad es un asunto de Estado, que requiere no solamente un voto a favor como lo hicieron en la megarreforma, sino que se necesita un acuerdo transversal».
Por su parte, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó la falta de trabajo pre legislativo y que la oposición no recibiera los detalles del proyecto antes de su presentación. Respecto a la propuesta de incluir la seguridad pública como deber del Estado en la Constitución, aseguró que le resulta llamativo que sea el Gobierno quien la proponga. Señaló: «Nos llama la atención que quienes se opusieron a ambos procesos constitucionales —porque recordemos que el Partido Republicano no participó de la construcción de las 12 bases—, que decía que las cosas no se arreglaban con una nueva Constitución, hoy día su principal planteamiento en materia de seguridad es precisamente modificando la Constitución».
Consultado sobre las críticas de la oposición, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, recalcó que la propuesta del Gobierno no es una megarreforma constitucional, como los procesos anteriores, sino que se trata de «tres aspectos muy puntuales, pero tremendamente trascendentes en términos de seguridad». De acuerdo al exconvencional constituyente, el proyecto busca establecer la seguridad pública como deber del Estado, crear listados de organizaciones terroristas o de crimen organizado para no tener que probar en cada proceso su existencia, y crear el delito de pertenencia a tales organizaciones; además de establecer el estado de excepción constitucional por grave alteración de la seguridad pública, con nuevas herramientas que no existen actualmente.
El subsecretario del Interior, Máximo Pávez, respondió a quienes plantean que se reabre el debate constitucional, argumentando que el texto está «permanentemente siendo objeto de reforma y perfeccionamiento». Señaló que «nadie está proponiendo un nuevo proceso constitucional, sino que incorporar, como lo quiere el Presidente de la República, su propia impronta constitucional». Pávez observó que «el concepto de seguridad que tiene la Constitución es un concepto de 1980, que no recoge en nuestra Carta Fundamental la sensibilidad contra el crimen organizado».
El diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, argumentó que la idea detrás de incorporar el concepto de seguridad pública es aunar criterios entre distintos poderes del Estado. Citó el caso del delincuente conocido como «El Rana», que iba a ser trasladado por orden de Gendarmería a un módulo de máxima seguridad, pero con recursos de protección vulneraron esa capacidad. «Nosotros tenemos el deber de aumentar esto a un rango constitucional para que Gendarmería pueda trabajar», sostuvo.
La presidenta del Senado y militante de Renovación Nacional, Paulina Nuñez, señaló que cuando parte cualquier debate legislativo, más aún una reforma constitucional, todos los senadores participan aportando propuestas. Hizo un llamado «para que nadie se caiga debajo de la mesa, para que todos puedan participar con mucha responsabilidad entendiendo que no puede ser una priorización del Gobierno que esté de turno, sino que debe ser un deber constitucional del Estado el poder resguardar la seguridad pública del país».
Con Información de radio.uchile.cl
