Agencias de inteligencia estadounidenses notificaron al gobierno chileno sobre operaciones de ciberespionaje mediante malware dirigidas contra las redes de las empresas de telecomunicaciones Entel, Movistar y Telmex. La amenaza ha sido asociada al grupo de ciberdelincuentes denominado «Lilac Typhoon», vinculado al ejército de China, lo que motivó el inicio de una investigación judicial por sabotaje informático en el país.
La información fue transmitida fuera de los canales burocráticos convencionales, constituyendo una transferencia táctica de información de máxima prioridad, del tipo que usualmente involucra a organismos como la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura (CISA) o el FBI.
De acuerdo a reportes en círculos especializados en defensa digital, la intrusión presentaba características de una Amenaza Persistente Avanzada (APT), grupos de ciberespionaje respaldados generalmente por actores estatales o grupos de ciberdelincuencia sofisticada.
Un especialista en seguridad digital familiarizado con el caso señaló que «cuando una agencia extranjera advierte sobre malware en tu red troncal, no se trata de un simple ransomware pidiendo rescate por un servidor secundario; estamos hablando de intentos de persistencia estratégica, interceptación o sabotaje».
El código malicioso no perseguía interrumpir los servicios inmediatamente. Su propósito, conforme a reportes iniciales, consistía en el reconocimiento de red, la extracción no autorizada de metadatos y la eventual instalación de puertas traseras que permitieran accesos posteriores sin activar alertas en los centros de monitoreo local.
Una vez que los organismos de inteligencia y respuesta a incidentes cibernéticos del Estado, incluyendo el CSIRT de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, recibieron la información, el protocolo de contención se activó con rapidez.
El plan de respuesta comprendió tres líneas de acción: aislamiento preventivo, mediante el cual equipos de respuesta rápida solicitaron auditorías forenses inmediatas en nodos de conmutación y capas de gestión de clientes; caza de amenazas, donde ingenieros de Entel, Movistar y Telmex cotejaron sus registros con indicadores de compromiso proporcionados por Estados Unidos, incluyendo direcciones IP, firmas de archivos modificados y conexiones salientes no registradas; y reforzamiento de perímetros, aplicando parches críticos en infraestructuras sensibles y restringiendo accesos privilegiados en áreas técnicas clave.
El objetivo inmediato consistía en establecer la magnitud real de la intrusión: si la información privada de millones de usuarios había sido comprometida o si el ataque se había mantenido circunscrito a la periferia de las corporaciones.
El incidente reinició el debate sobre la necesidad de acelerar la implementación total de la Ley Marco de Ciberseguridad en Chile y el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI). Mientras prosiguen las investigaciones forenses para identificar los responsables del malware, las empresas del sector telecomunicaciones han adoptado un estado de vigilancia permanente, reconociendo que en el espacio digital la calma representa solo una pausa entre dos incursiones.
Con Información de revistaseguridad.cl
