La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), presentada y activada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, trasciende una simple ofensiva legislativa contra las organizaciones criminales y el terrorismo, posicionándose como un posible punto de inflexión para la seguridad privada y municipal en Chile.
La iniciativa comprende 19 proyectos de ley con urgencia legislativa, acompañados de una reforma constitucional destinada a consagrar expresamente la seguridad pública como responsabilidad estatal. Entre los temas abarcados figuran la seguridad municipal, las directrices sobre uso de la fuerza, la protección de funcionarios policiales, la infraestructura crítica, el control de identidad y nuevos instrumentos para combatir organizaciones criminales.
La agenda tiene el potencial de fortalecer la relación entre instituciones públicas y el sector privado. Múltiples instalaciones privadas cuentan actualmente con cámaras, sistemas de alarma, guardias, centros de monitoreo y registros audiovisuales que pueden contener información relevante en determinados casos delictivos.
El desafío consistirá en desarrollar mecanismos de cooperación que posibiliten utilizar esa información de manera rápida, legal y segura cuando las autoridades la requieran. Esto podría traducirse en nuevos protocolos de intercambio de información, sistemas de comunicación y plataformas de coordinación entre municipios, policías y empresas.
La tendencia internacional señala hacia modelos de seguridad colaborativa, donde el Estado mantiene el liderazgo de la seguridad pública, pero aprovecha las capacidades tecnológicas y operacionales presentes en el sector privado.
La protección de la infraestructura crítica constituye otro componente de la agenda de relevancia para la industria privada. Instalaciones eléctricas, sistemas de agua, telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, centros de datos y otras instalaciones estratégicas demandan niveles de protección progresivamente mayores.
Si el nuevo marco legal incrementa las obligaciones de protección de este tipo de infraestructura, las empresas privadas podrían asumir mayor responsabilidad en vigilancia, control de accesos, monitoreo, detección temprana y respuesta ante incidentes. Esto generaría demanda significativa por tecnologías de seguridad más avanzadas y profesionales especializados.
La nueva realidad criminal está modificando la naturaleza de la seguridad. Las organizaciones criminales utilizan comunicaciones digitales, vehículos, drones, sistemas de vigilancia y nuevas tecnologías. La respuesta no puede depender únicamente de mayor presencia en terreno.
La industria de seguridad privada podría experimentar una aceleración en la incorporación de inteligencia artificial, analítica de video, reconocimiento de comportamientos, sensores, drones, sistemas de control de acceso biométrico, plataformas de monitoreo remoto y centros de operaciones de seguridad. El negocio tenderá a desplazarse progresivamente desde la simple prestación de horas-hombre hacia soluciones integrales de seguridad.
La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo aún debe superar su principal prueba: la discusión parlamentaria. Los proyectos pueden modificarse, fusionarse o incluso no aprobarse en los términos planteados por el Ejecutivo.
No obstante, independientemente del resultado legislativo final, el mensaje político es evidente: la seguridad ocupará un lugar central en la acción del Estado durante los próximos años.
Con Información de revistaseguridad.cl
