En Chile, la delincuencia, el crimen organizado y la sensación de inseguridad se mantienen como principales preocupaciones ciudadanas desde hace años. No obstante, cuando emergen propuestas concretas para enfrentar esta problemática —muchas de ellas anunciadas previamente en campañas electorales— el debate tiende a desviarse desde el problema en sí hacia quién formula la propuesta, su afiliación política, sus posibles motivaciones ideológicas o la manera en que intenta comunicarla.
Esta dinámica plantea una interrogante fundamental: ¿existe realmente la voluntad de resolver el problema de la seguridad o simplemente prevalece el interés de tener razón al respecto?
La contradicción resulta aún más evidente considerando que buena parte de las medidas propuestas fueron discutidas durante las campañas electorales, incorporadas en los programas de gobierno y, en numerosos casos, sometidas al escrutinio ciudadano. Existe, por lo tanto, una dimensión democrática clara: los electores votan considerando también las propuestas de los candidatos para enfrentar sus principales preocupaciones.
Sin embargo, una vez que estas propuestas llegan al ejercicio del poder, comienza un nuevo debate. Se cuestionan sus fundamentos, énfasis, procedimientos, oportunidad, costos, efectos políticos e incluso la forma en que se comunican. Si bien esto puede ser legítimo en una democracia, el problema surge cuando la crítica política termina sustituyendo la discusión sobre qué realmente funciona.
Chile necesita recuperar una idea fundamental que se ha ido diluyendo: la seguridad debe ser una política de Estado y no una política de administración. Una política de Estado implica continuidad, de modo que determinadas capacidades institucionales, estrategias contra el crimen organizado, fortalecimiento policial, inteligencia, prevención, persecución penal, control territorial y protección de las víctimas no reinicien desde cero con cada cambio de gobierno. También supone reconocer que una buena política puede provenir del sector político contrario.
Si una medida funciona, el objetivo debería ser fortalecerla, perfeccionarla y mantenerla, no desmantelarla simplemente porque fue impulsada por otro gobierno. La delincuencia no modifica su estrategia por cambios políticos, las organizaciones criminales no aguardan nuevas elecciones para reorganizarse, y el crimen organizado no opera conforme a calendarios electorales. Entonces, ¿por qué la respuesta estatal debería hacerlo?
Existe además una dificultad cultural y política bien conocida en Chile: la aspiración de construir políticas públicas que dejen a todos conformes. En seguridad, esta pretensión puede resultar especialmente peligrosa, puesto que una estrategia para enfrentar el crimen necesariamente conlleva costos, genera resistencia y produce decisiones que no serán populares para todos. Algunos considerarán que una medida es excesivamente dura, otros la juzgarán insuficiente, algunos cuestionarán sus efectos sobre determinadas libertades, mientras otros reclamarán por falta de firmeza estatal.
Una política de seguridad no puede evaluarse exclusivamente por el volumen de críticas que recibe. Debe evaluarse por su capacidad para prevenir delitos, desarticular organizaciones criminales, recuperar territorios, proteger a las personas y devolverle al ciudadano la posibilidad básica de vivir sin miedo.
Existe una cuestión que debiera ser transversal: el adversario no es el gobierno de turno, ni la oposición, ni Carabineros, ni la Fiscalía, ni el Ministerio Público, ni el Congreso. El adversario es el delincuente y, especialmente, el crimen organizado que ha demostrado una capacidad creciente para adaptarse, financiarse, infiltrarse y utilizar nuevas herramientas para ampliar sus operaciones.
El Estado necesita discutir, fiscalizar y controlar, pero también necesita actuar. Para ello requiere instituciones capaces de trabajar coordinadamente, políticas sostenidas en el tiempo y una visión estratégica que sobreviva a los ciclos electorales.
Si Chile continúa respondiendo con un ciclo de declaraciones, disputas y contraargumentos, la pregunta relevante ya no será quién ganó la discusión, sino cuánto tiempo más se pierde sin ganar la batalla contra el delito.
Con Información de revistaseguridad.cl
