El Gobierno aclaró este lunes que su borrador de reforma constitucional en seguridad no afectará el acceso a prestaciones sociales básicas para personas vinculadas al crimen organizado, tras múltiples críticas que recibió el proyecto.
La controversia surgió cuando el diario La Tercera publicó una versión preliminar de la reforma que estipulaba que personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, terrorismo o narcotráfico quedarían inhabilitadas para acceder a cualquier prestación financiada con recursos estatales.
Luego de varios días de cuestionamientos de personeros oficialistas y de la ministra de Salud May Chomali, quien advirtió que podría pasarse a llevar la Ley de Urgencia, el Presidente José Antonio Kast señaló que no se va a pasar a llevar ningún derecho de salud.
En conversación con Radio Duna, Kast indicó: «Nosotros creemos en el respeto a los derechos humanos, pero queremos que las personas que violan los derechos humanos de los ciudadanos comunes cumplan con penas duras y eso es lo que le estamos planteando a la ciudadanía».
Este lunes, el Gobierno también se encargó de alinear a sus propias filas. En días previos, tanto la presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, como el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, manifestaron dudas sobre los cambios a la Constitución.
Ramírez fue más categórico al afirmar a La Tercera que en las condiciones actuales, la UDI no podía apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad.
Sin embargo, luego del Comité Político Ampliado en La Moneda, Ramírez cambió de posición. El líder gremialista aseguró que salió contento de la reunión y que su partido sí apoyará la reforma constitucional.
Ramírez expresó: «Nosotros teníamos ciertas aprensiones respecto de las reformas constitucionales, de la forma en que se estaban fraguando, pero creo que cuando mañana el Gobierno presente las reformas constitucionales en el Congreso va a recibir un amplísimo apoyo».
De acuerdo al presidente de la UDI, el principal problema era la forma en que se proponían los cambios: «Lo que nosotros hemos dicho es que las cosas se tienen que hacer bien. Lo que se hace por ley tiene que hacerse por ley. Lo que es constitucional se tiene que hacer por la Constitución. Nosotros teníamos aprehensiones respecto a las formas y creo que estamos todos de acuerdo en que es posible avanzar en una agenda robusta, yo diría dura, de seguridad, respetando y protegiendo sobre todo la institucionalidad y la Constitución».
La secretaria general de RN, Katherine Martorell, el presidente de Evópoli, Luciano Cruz Coke, y el presidente de Republicanos, Arturo Squella, también respaldaron la reforma constitucional del Gobierno.
El senador Squella detalló que en la cita el ministro de Seguridad, Martín Arrau, les explicó la reforma más allá de las distintas versiones de borradores que han circulado.
Squella señaló: «Cuando uno lee la versión que efectivamente vamos a tener a la vista el día de mañana en la cuenta en el Senado, y uno une cada uno de los artículos o de las modificaciones que se hacen, uno entiende que lo que se está proponiendo acá efectivamente es intenso, es duro, pero en ningún caso se pretende dejar a alguien sin las prestaciones básicas de salud».
Requerido sobre el contenido de la reforma constitucional que se dará a conocer el martes en el Senado, el ministro Arrau adelantó que la restricción en el acceso a beneficios sociales sigue siendo parte del proyecto, pero que los detalles quedarán definidos por una ley especial.
Arrau explicó que actualmente la Constitución incluye inhabilidades para personas condenadas por terrorismo, con una restricción de 15 años para ocupar cargos públicos y ser director de escuela. Ahora se incorporará la posibilidad de que a través de una ley especial, las personas condenadas por crimen organizado, narcotráfico o terrorismo tengan algunas inhabilidades particulares y no generales.
Según el ministro, no se trata de restricciones evidentes y burda, sino de particulares, de algunos beneficios sociales pagados con fondos de todos los chilenos. «Por tanto, van a quedar entregados a una discusión de una ley particular, con la habilitación constitucional que es necesaria para hacerlo», agregó.
Con Información de radio.uchile.cl
