La retirada de la urgencia en la reforma constitucional de seguridad no ha resultado en mayores avances para el Gobierno en sus diálogos con parlamentarios de su coalición. Las críticas al proyecto persisten entre legisladores que en otras ocasiones han respaldado al Ejecutivo.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, sostuvo una reunión el martes con el senador de Demócratas, Matías Walker, buscando obtener su apoyo para la iniciativa. Walker había sido uno de los principales detractores de la reforma constitucional. Sin embargo, tras el encuentro, el legislador confirmó que rechazará la propuesta.
Walker expresó que mantendría su postura de rechazo incluso si se modificara el nuevo estado de excepción constitucional, elemento que ha generado mayor controversia en la reforma. El senador considera innecesaria una reforma constitucional para abordar los desafíos de seguridad pública.
«Tengo una discrepancia de fondo, yo creo que no es necesario una nueva Constitución para que el Estado asuma las facultades que tiene para perseguir el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo», expresó Walker.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, adoptó una posición más moderada al instar al Gobierno a eliminar de la reforma el nuevo estado de excepción constitucional para ampliar el respaldo legislativo.
Núñez, militante de Renovación Nacional, enfatizó la necesidad de aplicar «realismo legislativo» considerando que cualquier proyecto requiere votación en general antes de discusiones artículo por artículo. Señaló que dentro de la reforma hay medidas con potencial de apoyo y otras que «directamente no están concitando apoyo ni siquiera en nuestro sector», refiriéndose específicamente al estado de excepción constitucional.
Los cuestionamientos a la reforma trascendieron el Congreso. El alcalde de Providencia de la UDI, Jaime Bellolio, se sumó a la postura de la oposición recomendando que el Gobierno retire el proyecto.
Bellolio advirtió sobre el riesgo de caer en «una lógica autoritaria» mediante el nuevo estado de excepción, recordando que en Venezuela Hugo Chávez «construyó parte de su dictadura a partir de estados de excepción».
Las declaraciones de Bellolio causaron molestia al ministro Arrau, quien instó a «las personas que opinan, que lean el proyecto y se informen un poco».
El secretario de Estado argumentó que los estados de excepción constitucional propuestos son similares a los existentes actualmente, diferenciándose en su aplicación ante el crimen organizado. Aseguró que todas las facultades incluidas en la reforma ya están contenidas en el ordenamiento constitucional vigente bajo diferentes estados de excepción.
El nuevo estado de excepción constitucional propuesto permitiría invocarse ante amenazas graves a la seguridad pública, contemplando restricción de varias libertades personales por hasta ocho meses sin requerir autorización del Congreso. En la coalición gobernante se han manifestado críticas tanto respecto a este plazo como a la posibilidad de interceptaciones telefónicas sin autorización judicial.
Con Información de radio.uchile.cl
