Los recientes enfrentamientos entre inspectores municipales y comerciantes ambulantes en Viña del Mar han reavivado el debate en Chile sobre la necesidad de dotar de dispositivos de protección y armas no letales a los funcionarios de seguridad.
Los incidentes ocurridos recientemente en Viña del Mar demuestran el alto nivel de riesgo al que se enfrentan los fiscalizadores al trabajar contra el comercio ilegal.
Esta discusión coincide con la entrada en vigencia de nueva legislación que proporciona un marco de protección jurídica más definido, lo que ha reactivado las peticiones de alcaldes para que los inspectores puedan portar elementos de coacción como gas pimienta, bastones retráctiles o dispositivos de inmovilización.
Sin embargo, la conversación se complica por denuncias de vecinos y comerciantes establecidos que reportan maltrato y abuso de autoridad por parte de inspectores durante operativos de decomiso, lo cual genera preocupaciones sobre la preparación psicológica y técnica antes de proporcionar herramientas más letales.
La Ley N.º 21.802 de Seguridad Municipal, vigente desde agosto de 2026, junto con las propuestas de los alcaldes, establecen límites definidos entre la protección defensiva y el ejercicio de la fuerza pública.
Ante el incremento de agresiones del comercio ambulante, las solicitudes de los alcaldes se dividen entre elementos de protección ya aprobados y dispositivos de coacción que continúan siendo debatidos:
Pistolas Taser (Dispositivos de control eléctrico): Esta es la propuesta con mayor presión política de sectores municipales y parlamentarios. La ley contempla que bajo un decreto supremo del Presidente y tras una capacitación técnica obligatoria de dos años, se puede autorizar su uso en casos excepcionales. Actualmente, la oposición insta al Gobierno a acelerar este reglamento de masificación.
Dispositivos de inmovilización tecnológica (como BolaWrap): Los alcaldes han consultado históricamente sobre herramientas que disparan un lazo de kevlar para amarrar las piernas o el torso de un agresor a distancia sin causar dolor severo, buscando evitar golpes directos.
Bastones retráctiles y gas pimienta: Solicitados de forma generalizada para repeler ataques directos en contextos de fiscalización conflictiva.
Elementos de protección física (Ya autorizados): La normativa ya ha consolidado el financiamiento y autorización del uso de chalecos antibalas, cascos, lentes de protección y esposas para retenciones temporales.
Límites de la Ley de Seguridad Municipal sobre el Uso de la Fuerza
La nueva legislación establece explícitamente que los inspectores municipales no son policías, manteniendo criterios rigurosos para evitar abusos:
Monopolio de la Fuerza Letal: Está estrictamente prohibido el porte de armas de fuego o armas cortantes para el personal municipal.
Rol Coadyuvante: Su función es preventiva y de apoyo a Carabineros o la PDI. No poseen facultades autónomas de control de identidad generalizado ni de investigación criminal.
Control del actuar: Todo despliegue debe ajustarse a los principios de proporcionalidad, legalidad y necesidad conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Reglamentación Pendiente: Aunque la ley formalmente está vigente, las nuevas facultades de coadyuvancia, como fiscalizar medidas cautelares de violencia intrafamiliar o controles de alcoholes, dependen de reglamentos técnicos específicos que Contraloría debe revisar para regular detalladamente cómo operarán en el terreno.
Con Información de revistaseguridad.cl
