El descubrimiento de un plan para asesinar al alcalde de San Bernardo, Christopher White, reactivó el debate sobre la seguridad de las autoridades municipales y la forma en que los municipios enfrentan al crimen organizado. Tras conocerse los detalles del caso y el apoyo brindado por el Presidente José Antonio Kast al jefe comunal, la alcaldesa de La Pintana y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Claudia Pizarro, calificó la situación como «gravísima» y señaló que no se trata de un hecho aislado.
«Lo que le ha pasado al alcalde White es gravísimo. Creo que esta opinión la compartimos transversalmente y políticamente. No es realmente una amenaza tan simple, sino que es un plan para matarlo», expresó durante la primera edición de Radioanálisis.
Pizarro tiene experiencia directa en este tema. Indicó que cuenta con protección policial desde 2017, luego de haber denunciado situaciones vinculadas al crimen organizado en San Ramón.
«Muchos alcaldes y alcaldesas sabemos lo que es vivir con esa sombra latente encima. Yo tengo protección policial por amenaza desde 2017 y permanece esa protección policial. Es terrible acostumbrarse a vivir de esa forma. No podemos normalizarlo», señaló.
Pizarro cuestionó además que los antecedentes que permitieron conocer el plan contra White correspondieran a escuchas realizadas tiempo atrás, expresando dudas sobre los tiempos de reacción de las instituciones.
«Es gravísimo que dos reos, en febrero, se hayan fugado de la cárcel con uniforme de Gendarmería y que hayan pasado siete meses para detener a uno. Y que hoy día lo que estemos comentando sean escuchas no de este domingo pasado, sino de un tiempo atrás, donde recién el alcalde se enteró esta semana de este plan para matarlo», afirmó.
Para Pizarro, el problema va más allá de la situación particular de White y está relacionado directamente con las funciones que han asumido los municipios frente al avance del crimen organizado. «Los alcaldes somos quienes estamos más cerca del territorio. Somos quienes podemos bloquear y hemos expuesto hasta nuestra vida», expresó.
En ese sentido, enumeró algunas de las labores que realizan los municipios en materia de seguridad: recuperación de espacios públicos, coordinación con las policías, retiro de estructuras vinculadas al narcotráfico y apoyo a las investigaciones.
«Somos los que sacamos y coordinamos las cámaras que instalan los narcos para que la policía no los vigile, o derribamos los narcomausoleos. Somos maestros chasquillas. Nos hemos dedicado a todo. Y cada vez que le pisamos los callos a los delincuentes, vienen estas amenazas», señaló.
La alcaldesa aseguró que actualmente hay más de 20 alcaldes con protección policial, situación que calificó como anormal y difícil de sostener. «Eso no es normal. Y no es fácil vivir así», remarcó.
Durante la jornada del jueves, representantes de la ACHM se reunieron con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, instancia en la que solicitaron, entre otras medidas, un fiscal exclusivo para investigar las amenazas contra alcaldes.
Sin embargo, Pizarro planteó que la respuesta no puede reducirse a reforzar la protección individual de las autoridades. «Aquí hay una amenaza también a tu círculo más cercano, que es tu familia. Los trabajadores que te atienden, solo porque sepan que trabajan en el municipio, pueden atentar contra su vida», expresó.
Otro de los puntos centrales de su crítica fue la diferencia de recursos entre las comunas para enfrentar la delincuencia. Pizarro puso como ejemplo la capacidad de vigilancia de La Pintana frente a municipios del sector oriente.
«Lamentablemente, yo estoy compitiendo, por ejemplo, con 42 cámaras de televigilancia contra mil que tienen en comunas como Barnechea, Las Condes o Providencia. Y eso realmente es sentirse ciudadano de segunda clase», indicó.
A su juicio, el problema de fondo no se resuelve únicamente mediante nuevas leyes, sino a través de una modificación de la estructura de financiamiento municipal. «Creo que el problema de fondo que tenemos, el problema de fondo que tiene este gobierno, que tiene esa ley, es el financiamiento municipal. El problema es de arquitectura de financiamiento municipal», afirmó.
En esa línea, cuestionó la discusión de la ley de seguridad por considerar que carece de recursos suficientes. «Se dice en uno de sus articulados que trae cinco mil millones de pesos. Pensamos que son 354 comunas: eso va a alcanzar para comprar cuatro chalecos antibalas para cada una de las comunas. Es bastante ridículo perder el tiempo en este debate cuando no tiene sustento la ley», expresó.
Pizarro también apuntó al Ejecutivo por la demora en la implementación de la legislación de seguridad y llamó a que el debate político abandone la confrontación. «Creo que es una oportunidad para consensuar y ponernos de acuerdo en los temas que nos unen y no en los temas que nos dividen», señaló.
La alcaldesa insistió en que los municipios no pueden quedar solos frente al crimen organizado y pidió que el Estado garantice condiciones mínimas de seguridad para todas las comunas. «Nosotros no podemos depender de la seguridad nuestra ni de nuestros vecinos de los recursos que recaudamos en un municipio», sostuvo.
Y cerró con una reflexión que, según dijo, resume la disposición de los alcaldes que continúan enfrentando este escenario en sus territorios: «Nosotros no vamos a renunciar a seguir peleando, a seguir haciendo lo que estamos haciendo. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Porque si nosotros no lo hacemos, aunque algunos dicen que malgastamos los recursos, aquí lo poco que tenemos lo hacemos con todo el corazón del mundo. Lo hacemos porque es nuestro deber».
Con Información de radio.uchile.cl
