El mensaje del presidente Javier Milei del 3 de septiembre respecto a las islas Malvinas representa fundamentalmente un cambio en la política de su gobierno más que un suceso relevante para la situación estratégica del archipiélago. Las elecciones generales programadas para octubre de 2027, el nacionalismo tardío que evidencia el anuncio y las débiles justificaciones presentadas sustentan esta conclusión. A largo plazo, se trata de una iniciativa con alcance estratégico limitado, siendo su impacto más significativo en la agenda política interna.
Las propuestas de Milei estarían motivadas por el avance de empresas británicas e israelíes en la explotación de yacimientos de hidrocarburos ubicados a 200 kilómetros de las islas, en el proyecto Sea Lion. En respuesta, se plantea intensificar las sanciones a las empresas y propietarios involucrados directa e indirectamente en estas actividades. Es relevante señalar que parte de esta normativa existe desde 2010, aunque su propio gobierno no la ha aplicado. Se trata de leyes promulgadas durante los gobiernos de Cristina Fernández y Alberto Fernández.
Las otras dos medidas principales son la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y la construcción de una nueva base en Tierra del Fuego. La primera requiere aprobación legislativa e integraría la labor de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. Especialistas internacionales han destacado que este Consejo reuniría organismos de seguridad externa e interna, cuestión que parecía resuelta en Argentina. La segunda medida es un decreto que asigna recursos para construir una base naval integrada en Tierra del Fuego, isla compartida con Chile. Este proyecto requerirá financiamiento propio y no se refiere a la abandonada base que supuestamente se compartirían con fuerzas armadas estadounidenses.
Es la primera ocasión en tres años de gobierno que Milei aborda en detalle la reivindicación de las islas Malvinas. El nacionalismo repentino resulta significativo considerando que nunca estuvo entre sus preocupaciones el destino de las islas ni fue activo en propuestas para su recuperación. Incluso, su admiración por la primera ministra Margaret Thatcher lo llevó a realizar afirmaciones que ofendieron a veteranos de una guerra que costó 649 vidas argentinas y 255 británicas.
La declaración pretende no solo romper el status quo, elevando el costo de la permanencia del Reino Unido en las islas mediante presión económica, política y geopolítica, sino también aprovechar una coyuntura favorable derivada de declaraciones del presidente Trump. Confundir una presión esporádica al Reino Unido con un gesto hacia Argentina, aunque sea la de Milei, constituiría un error significativo. Además, fundamentar una estrategia de esta importancia en expresiones cambiantes del presidente estadounidense resultaría riesgoso.
El respaldo de Estados Unidos al Reino Unido durante la guerra de Las Malvinas en 1982 es reconocido como una variable determinante en la victoria británica. Estados Unidos no posee aliado más cercano en Europa, y probablemente en el mundo, que el Reino Unido. Las diferencias actuales son coyunturales y transitorias, sin reflejar los intereses nacionales de ambas potencias. Como se recordará, la Junta militar argentina incurrió en un error de manual respecto de la posición que tomaría Estados Unidos en el conflicto del Atlántico Sur.
En contexto donde Estados Unidos busca contener la expansión geopolítica de la República Popular China en escenarios globales, especialmente en el hemisferio, el control del Atlántico Sur y su proyección antártica se encuentran mejor resguardados con la presencia del Reino Unido en las islas que con una Argentina cuyas fuerzas armadas frecuentemente enfrentan problemas presupuestarios y logísticos.
Resulta sorprendente la referencia que Milei realiza a las Naciones Unidas y su órgano dedicado a procesos de descolonización mundial, considerando que Milei ha sido un destacado crítico de la labor de ese organismo internacional. Esto genera sospechas razonables de que este cambio en su política exterior esté motivado por las próximas elecciones presidenciales.
Todo indica que los cambios en la política del gobierno de Milei respecto a la reivindicación de las islas Malvinas tienen como objetivo el consumo interno, incluso estrictamente electoral. Evidentemente, las iniciativas de ley y reglamentarias que presente tensionarán la agenda doméstica y representarán un desafío para la oposición política interna. Sin embargo, postular que podrán incidir en la soberanía de las islas, al menos en el corto y mediano plazo, parece poco realista.
Con Información de elradar.cl
