El caso de Vinko Fodich y los funcionarios de la PDI ha generado preocupación en Chile, al evidenciar cómo el crimen organizado sofisticado no solo actúa desde los márgenes, sino que busca infiltrarse en las estructuras judiciales y policiales para asegurar su impunidad. La investigación es liderada por el fiscal Miguel Ángel Orellana desde la Fiscalía Supraterritorial, organismo de reciente creación en el país.
¿Cómo operaba la red criminal?
Conforme a las investigaciones de la Fiscalía y el departamento de Asuntos Internos de la PDI:
El perfil de las víctimas: Se enfocaban principalmente en ciudadanos de nacionalidad china, algunos vinculados al denominado «Clan Chen», de quienes ya tenían conocimiento sobre su capacidad económica y situación judicial.
Operativos simulados: Los detectives de la PDI involucrados elaboraban falsas órdenes de detención para dar apariencia de legalidad. Trasladaban a las víctimas a inmuebles ubicados en el centro de Santiago que funcionaban como falsos cuarteles policiales o «calabozos».
La extorsión: Una vez retenidos, la banda exigía montos millonarios para otorgar la libertad. De acuerdo con los reportes, llegaron a solicitar sumas de hasta $300 millones de pesos.
Según la tesis fiscal, Fodich aconsejaba a las víctimas pagar el dinero solicitado por los falsos policías para asegurar su liberación. Lo hacía con conocimiento de que se trataba de un procedimiento fraudulento, con el propósito de recibir una parte de las ganancias de la extorsión.
Señales de permeabilidad institucional en el Estado
Este caso ilustra directamente los principales indicadores que demuestran cuándo el crimen organizado está logrando penetrar las instituciones del Estado:
El fenómeno de la «puerta giratoria» invertida: Abogados que adquieren conocimiento interno profundo, contactos e influencias dentro del Ministerio Público o el Poder Judicial, y que al pasar al sector privado utilizan ese conocimiento no para litigar, sino para asesorar a organizaciones criminales sobre cómo evadir la ley.
Acceso y manipulación de información privilegiada: El uso de bases de datos policiales, órdenes de detención simuladas o información sobre causas vigentes para identificar víctimas vulnerables o con alta capacidad económica, como el «Clan Chen», representa una señal clásica de corrupción institucional.
Uso indebido de la investidura y logística oficial: Cuando los criminales ya no necesitan ocultarse, sino que utilizan el propio uniforme, vehículos fiscales o recintos con apariencia oficial para cometer delitos, indica que la estructura del Estado ha sido mimetizada por la delincuencia.
Estructuras de lavado de dinero de cuello blanco: La permeabilidad no solo es policial, sino también económica. El uso de casas de cambio formales o sociedades comerciales vinculadas a figuras del ámbito legal para blanquear miles de millones de pesos demuestra que los controles financieros estatales, como la UAF, enfrentan vacíos ante la sofisticación del dinero ilícito.
Con Información de revistaseguridad.cl
