Chile formalizó su ingreso al Escudo de las Américas, proyecto impulsado por Estados Unidos y difundido como una instancia de cooperación contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otros riesgos que traspasan las fronteras regionales. El propósito inicial resulta difícil de rebatir: las bandas criminales actúan en varios países, manejan sofisticadas redes financieras, mueven drogas, armas y personas, y se benefician de las debilidades institucionales de los Estados. En ese contexto, la colaboración internacional es no solo útil, sino imprescindible.
Sin embargo, al revisar con detalle los compromisos que acompañan al Escudo de las Américas, se observa que su alcance excede una alianza policial contra los carteles. La seguridad, la economía y la coordinación entre países quedan entrelazadas en una misma arquitectura estratégica, que incorpora asuntos como minerales críticos, inversiones, infraestructura digital, intercambio de inteligencia y coordinación política entre los participantes.
La discusión no debería centrarse únicamente en si Chile debe o no cooperar con otras naciones para combatir el narcotráfico. Es claro que debe hacerlo. Lo que importa es precisar el límite de esa cooperación, los compromisos adicionales que conlleva y los efectos que podría tener sobre la autonomía estratégica del país.
Un punto que exige especial atención es la inclusión de los minerales críticos en esta nueva estructura de cooperación hemisférica. Chile cuenta con recursos que serán determinantes para la economía mundial en las próximas décadas. El cobre y el litio son claves para la transición energética, la electromovilidad, el almacenamiento eléctrico, la inteligencia artificial, los centros de datos y otras industrias estratégicas.
Por eso, cuando una iniciativa que se presenta principalmente como una alianza contra el crimen organizado también menciona las cadenas de suministro de minerales críticos, cabe preguntar por qué ambos temas quedan dentro de una misma arquitectura.
Los minerales dejaron de ser solo materias primas. Hoy funcionan como instrumentos de poder económico y geopolítico. Las potencias compiten por garantizar su acceso, controlar las cadenas productivas y reducir su dependencia de países que consideran adversarios o poco confiables.
China, el factor que no se puede omitir
La declaración del Escudo de las Américas no dispone que Chile deba cortar relaciones con Beijing ni excluye de manera explícita las inversiones chinas. Tampoco implica que el país haya aceptado automáticamente alinearse con Estados Unidos en su disputa global con la potencia asiática.
Pero sería igualmente ingenuo examinar términos como minerales críticos, proveedores confiables, infraestructura digital y control de inversiones sin tomar en cuenta la creciente competencia estratégica entre Washington y Beijing.
Para Chile, esta situación es particularmente delicada. China es desde hace años su principal socio comercial y uno de los mayores compradores de cobre chileno. A la vez, Estados Unidos sigue siendo un socio económico, político y estratégico fundamental. La política exterior chilena ha buscado históricamente conservar márgenes de autonomía para relacionarse con distintas potencias sin quedar totalmente atrapada en sus pugnas.
El reto del Escudo de las Américas es precisamente establecer si esa capacidad de maniobra seguirá intacta. La inquietud crece cuando aparece el concepto de “proveedores confiables” para la infraestructura digital. La expresión suena técnica, pero tiene hondas consecuencias políticas.
¿Quién define qué proveedor es confiable? ¿Lo hace cada país por separado? ¿Habrá criterios acordados entre los miembros? ¿Qué pasará con empresas de países que Estados Unidos considera competidores estratégicos? ¿Esos criterios podrán incidir en futuras licitaciones de telecomunicaciones, redes digitales, centros de datos, servicios públicos o infraestructura tecnológica?
Estas preguntas no son secundarias. La infraestructura digital es hoy uno de los principales campos de rivalidad entre las grandes potencias. Controlar redes, datos, tecnologías y plataformas otorga una ventaja económica y estratégica considerable. Chile debe evitar que decisiones esenciales sobre su desarrollo tecnológico queden condicionadas indirectamente por alineamientos geopolíticos externos.
El desafío del intercambio de inteligencia
La cooperación entre agencias de seguridad puede ser muy valiosa para perseguir a organizaciones criminales que actúan al mismo tiempo en varios países. El intercambio de información sobre movimientos financieros, tráfico de drogas, rutas marítimas, grupos delictivos o lavado de activos puede aumentar de manera significativa la capacidad de respuesta del Estado chileno.
No obstante, como se trata de información sensible, el intercambio de inteligencia exige controles igualmente estrictos.
Chile necesita conocer qué organismos participarán, qué información podrá compartirse, cómo se resguardarán los datos personales, qué límites tendrá su uso y qué mecanismos de fiscalización democrática vigilarán esos intercambios.
Una democracia no tiene por qué escoger entre seguridad y control institucional: requiere las dos.
También llama la atención el uso del concepto de narcoterrorismo. El lenguaje con que se define una amenaza nunca es neutral. Etiquetar a ciertas organizaciones criminales como narcoterroristas puede cambiar la forma en que se las enfrenta en el plano jurídico, policial e incluso militar.
La persecución financiera de los carteles, el congelamiento de activos y la cooperación internacional contra el lavado de dinero pueden ser herramientas legítimas y necesarias. Sin embargo, cualquier cambio en las categorías jurídicas debe respetar el ordenamiento institucional chileno, el debido proceso y el control de los tribunales.
Las definiciones internacionales no deberían sustituir de manera automática las decisiones soberanas de los Estados.
En este punto aparece otro elemento especialmente delicado: la posible utilización de mecanismos hemisféricos que tradicionalmente se vinculan con la defensa colectiva. Esto no significa que Chile haya autorizado operaciones militares extranjeras en su territorio ni que exista automáticamente una intervención militar asociada al Escudo de las Américas. Sostenerlo sería exagerado. Pero sí implica que la línea entre seguridad pública, crimen organizado y defensa empieza a hacerse más difusa. Esa transformación requiere debate.
Durante décadas, América Latina ha sufrido las consecuencias de convertir problemas políticos, sociales o policiales en asuntos predominantemente militares. La experiencia regional recomienda prudencia.
Las Fuerzas Armadas pueden cumplir ciertas funciones de apoyo dentro del marco constitucional, pero transformar de manera permanente la lucha contra el narcotráfico en una lógica de guerra puede generar consecuencias institucionales difíciles de revertir.
El problema de fondo, entonces, no es la cooperación, sino definir las condiciones en que esta se produce. Chile necesita instrumentos internacionales para combatir el crimen organizado. Las organizaciones criminales no respetan fronteras. El lavado de dinero usa sistemas financieros globales. Las armas cruzan continentes. Las drogas pueden pasar por varios países antes de llegar a su destino. Ningún Estado puede enfrentar estos fenómenos en completo aislamiento.
Cooperar no implica renunciar a decidir
Ese debería ser el principio básico de cualquier participación chilena en el Escudo de las Américas. Todo compromiso vinculado con inteligencia, inversiones, infraestructura digital, minerales críticos o coordinación internacional debe evaluarse según los intereses nacionales, y no solo según las prioridades estratégicas de las grandes potencias.
Chile requiere mantener relaciones profundas con Estados Unidos, China, Europa, América Latina y otras regiones. La autonomía internacional no consiste en ser neutral frente a todos los problemas, sino en preservar la capacidad de tomar decisiones propias.
Por eso, el debate sobre el Escudo de las Américas no debería quedarse en determinar si jurídicamente es un tratado o una declaración política. Las decisiones internacionales pueden tener consecuencias profundas incluso cuando no adoptan la forma clásica de un tratado.
¿Cómo se llevarán a la práctica los compromisos?
¿Qué significa concretamente proteger las cadenas de suministro de minerales críticos? ¿Cómo se establecerá qué inversión es confiable? ¿Qué empresas podrán participar en infraestructura digital estratégica? ¿Qué información compartirán los organismos de inteligencia? ¿Qué mecanismos de supervisión existirán? ¿Hasta dónde llegará la coordinación internacional en materia de seguridad?
Todas estas preguntas merecen respuestas públicas. El cobre, el litio, los datos, las telecomunicaciones, la inteligencia y las cadenas de suministro forman parte hoy de una disputa mundial por poder económico y estratégico.
Chile no debería enfrentar esa disputa eligiendo automáticamente entre Washington y Beijing. Debería hacerlo definiendo primero sus propios intereses.
La verdadera discusión sobre el Escudo de las Américas, por lo tanto, no es si el país debe combatir con más fuerza al crimen organizado. En eso difícilmente puede haber desacuerdo. La pregunta central es otra: cuánto margen de decisión conservará Chile dentro de esta nueva arquitectura hemisférica y quién terminará fijando las prioridades estratégicas del país.
Porque cooperar es necesario, pero la seguridad nunca debería convertirse en un cheque en blanco.
Y cuando detrás de una alianza contra el narcotráfico también aparecen minerales críticos, inversiones, tecnología, inteligencia y geopolítica, la ciudadanía tiene derecho a formular una pregunta mucho más elemental:
¿Quién decide la estrategia de Chile?
Fotografía: Wikipedia
Con Información de elradar.cl
