Durante la sesión de la Comisión de Defensa celebrada en Punta Arenas, convocada para analizar las declaraciones de autoridades argentinas sobre el Estrecho de Magallanes, el ministro de Defensa y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas revisaron aspectos diplomáticos, jurídicos y operacionales vinculados con la soberanía chilena en esa zona estratégica. Destacó la intervención del comandante en jefe de la Armada, quien alertó sobre el uso recurrente de expresiones geográficas y jurídicas imprecisas por parte de autoridades argentinas. El almirante también aportó antecedentes sobre la cooperación naval austral, sus alcances operacionales y las diferencias entre las responsabilidades internacionales de búsqueda y rescate y el ejercicio de soberanía.
El ministro de Defensa consideró superada la controversia después de las aclaraciones de las autoridades argentinas y de los contactos diplomáticos y militares mantenidos en las últimas semanas. Explicó que Argentina reconoció la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes y que no existe un cuestionamiento formal a los tratados bilaterales que regulan la materia. El comandante en jefe de la Armada, por su parte, afirmó que ha enfrentado personalmente al menos tres situaciones similares con autoridades argentinas y advirtió sobre el uso sistemático de expresiones geográficas y jurídicas incorrectas para referirse a cuestiones territoriales y marítimas sensibles para Chile.
En su exposición relató un episodio ocurrido en una conferencia naval interamericana realizada en Panamá. En esa ocasión, su homólogo argentino se refirió de manera incorrecta al Estrecho de Magallanes ante representantes de las armadas del continente. El comandante chileno indicó que intervino públicamente, corrigió la declaración con antecedentes jurídicos y pidió que su observación quedara consignada en el acta de la reunión. Luego, según su relato, el almirante argentino ofreció disculpas y reconoció la soberanía chilena. El episodio resulta relevante por la instancia en que ocurrió: las reuniones internacionales entre autoridades militares son espacios de intercambio institucional donde las expresiones empleadas adquieren una relevancia distinta a la de una conversación informal.
El comandante en jefe también hizo una autocrítica respecto del lenguaje usado en Chile. Cuestionó en particular la utilización de la expresión “boca oriental del Estrecho”, señalando que su empleo puede facilitar interpretaciones geográficas y jurídicas que no corresponden a la posición chilena. Asimismo, llamó la atención sobre las diferencias entre las denominaciones Mar Austral y Atlántico Sur, especialmente cuando se usan para describir espacios marítimos relacionados con las proyecciones antárticas de ambos países. Su advertencia apunta a una responsabilidad institucional concreta, pues las autoridades chilenas deben emplear una terminología consistente con los tratados y con la posición jurídica que sostiene el Estado.
Otro de los temas abordados fue la explicación de la Armada sobre las actividades de cooperación con su contraparte argentina. El comandante en jefe recordó que desde 2001 se impulsó un acercamiento institucional entre ambas marinas mediante intercambios de personal, actividades académicas y mecanismos de confianza mutua. Entre esas iniciativas está la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC), desarrollada mediante despliegues alternados de unidades chilenas y argentinas para contribuir a la seguridad marítima, la búsqueda y rescate y la protección del medio ambiente antártico.
Las unidades participantes mantienen sus respectivas cadenas de mando nacionales. Cada país responde ante sus propias autoridades y conserva las responsabilidades que le corresponden. La Armada descartó la existencia de un mando combinado sobre aguas jurisdiccionales chilenas. También se mencionaron los ejercicios de búsqueda, rescate, control de contaminación y apoyo humanitario desarrollados en el área del canal Beagle, actividades que forman parte de la cooperación bilateral establecida después del Tratado de Paz y Amistad. El almirante precisó que las responsabilidades internacionales de búsqueda y rescate no otorgan derechos de soberanía sobre los espacios marítimos donde se realizan esas operaciones, ni modifican las jurisdicciones nacionales establecidas por los tratados vigentes.
Durante la sesión se abordaron dos instrumentos argentinos que han generado preocupación en Chile. El Decreto 256 de 2010, relacionado con exigencias administrativas aplicables a determinadas embarcaciones que navegan hacia o desde las islas Falkland/Malvinas, y el Decreto 457 de 2021, que contiene disposiciones de una directiva presidencial argentina cuestionadas por Chile. El ministro de Defensa reconoció que existe un compromiso argentino de corregir esta última disposición y precisó que ningún documento administrativo unilateral puede modificar las obligaciones establecidas mediante tratados bilaterales vigentes. Pese a las aclaraciones entregadas por las autoridades argentinas, la rectificación del Decreto 457 continúa pendiente.
Respecto del Decreto 256 de 2010 y su aplicación mediante la Disposición 14/2010 de la Prefectura Naval Argentina, durante la sesión se planteó la situación de una empresa naviera chilena interesada en restablecer servicios comerciales entre Punta Arenas y las islas Falkland/Malvinas. El ministro reconoció que las restricciones existentes han afectado las oportunidades comerciales de Magallanes y que cualquier impedimento al tránsito de una embarcación chilena deberá examinarse conforme a las disposiciones internacionales aplicables, pues el asunto tiene consecuencias que exceden la controversia diplomática. La posibilidad de desarrollar servicios marítimos desde Punta Arenas está directamente relacionada con la conectividad austral, la actividad portuaria y la proyección económica de la región.
La sesión también permitió conocer antecedentes sobre los proyectos anunciados por el Ministerio de Defensa para fortalecer las capacidades militares chilenas. Entre las iniciativas mencionadas figuran el reemplazo de los cazas F-5, la renovación de los helicópteros UH 1H, la incorporación de nuevas capacidades de transporte aéreo y la renovación de aeronaves de vigilancia marítima de largo alcance. También se abordaron proyectos de modernización de blindados, infraestructura portuaria naval, instalaciones militares y una mayor presencia del Ejército en Tierra del Fuego. El ministro explicó que estas iniciativas se encuentran en diferentes etapas de desarrollo. Algunas cuentan con aprobaciones previas, mientras otras deben completar procesos administrativos y financieros antes de su materialización.
Una imagen muestra un F-5 Tigre III de la FACh durante una exhibición de aeronaves de la IVª Brigada Aérea a una delegación de agregados extranjeros en la Base Aérea Chabunco, Punta Arenas. La fotografía corresponde a Polar Comunicaciones, del 4 de julio de 2025.
El inicio de un proceso de reemplazo no implica necesariamente que se haya seleccionado un sistema de armas o firmado un contrato de adquisición. En el caso de los F-5, su sustitución deberá considerar las futuras capacidades operacionales de la FACh, la infraestructura necesaria, el entrenamiento de las tripulaciones y del personal técnico, los costos de sostenimiento y el financiamiento a largo plazo. La renovación de helicópteros, aeronaves de transporte y medios de vigilancia marítima responde a requerimientos operacionales específicos de cada institución, asociados a las necesidades de defensa y presencia militar en el extremo austral.
El financiamiento de los proyectos militares también fue abordado durante la sesión. Diversos parlamentarios solicitaron antecedentes sobre el Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas y el Fondo de Contingencia Estratégico. El ministro manifestó su disposición a realizar una presentación ante la Comisión de Defensa sobre la planificación de capacidades y su situación presupuestaria. Las adquisiciones militares requieren recursos para su incorporación, operación y sostenimiento durante décadas, especialmente en una región como Magallanes, donde la distancia respecto de los principales centros industriales, las condiciones meteorológicas y la necesidad de mantener instalaciones de apoyo imponen mayores exigencias logísticas.
El ministro de Defensa reconoció la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en el extremo austral mediante proyectos de infraestructura, conectividad, actividad portuaria, servicios y nuevas instalaciones militares. También se abordó la posibilidad de incrementar la presencia del Ejército en Tierra del Fuego y otros sectores de Magallanes. Las Fuerzas Armadas cumplen funciones permanentes de vigilancia, transporte, apoyo logístico y asistencia ante emergencias, pero el sostenimiento de estas actividades requiere infraestructura civil, comunicaciones, abastecimiento y condiciones que favorezcan el establecimiento de población en el territorio.
La conectividad terrestre y marítima, el abastecimiento energético, las comunicaciones y la disponibilidad de servicios constituyen factores que inciden directamente en la capacidad del Estado para mantener una presencia efectiva. Desde la perspectiva de Defensa, estas condiciones tienen consecuencias operacionales concretas. Una infraestructura portuaria adecuada facilita el sostenimiento de unidades navales. Una red de transporte confiable permite movilizar personal y suministros. La disponibilidad de servicios e instalaciones contribuye a mantener las dotaciones militares y sus familias en zonas alejadas de los principales centros urbanos. El desarrollo territorial y la planificación militar deben considerar estas relaciones.
La sesión de Punta Arenas permitió aclarar aspectos importantes de la cooperación militar con Argentina y conocer la posición del Ministerio de Defensa frente a las declaraciones de autoridades del país vecino. También dejó identificados asuntos que requieren seguimiento. La rectificación de los instrumentos argentinos pendientes, las condiciones de navegación vinculadas al Decreto 256 de 2010, el financiamiento de las capacidades estratégicas y la materialización de los proyectos militares anunciados constituyen materias que pueden ser examinadas mediante antecedentes verificables.
Una segunda imagen corresponde al OPV 83 Marinero Fuentealba, una de las unidades chilenas que ha participado en la Patrulla Antártica Naval Combinada. La fotografía es de la Armada de Chile.
El comandante en jefe de la Armada advirtió sobre el uso sistemático de expresiones geográficas y jurídicas incorrectas por parte de autoridades argentinas, señalando que Chile debe mantener una terminología precisa y consistente con su posición jurídica. Las buenas relaciones entre ambas instituciones militares no impiden corregir públicamente estas declaraciones cuando corresponde, como ocurrió durante la conferencia naval interamericana en Panamá. La defensa de la soberanía exige también planificación de largo plazo, financiamiento y capacidades operacionales para sostener la presencia chilena en el extremo austral.
Magallanes concentra responsabilidades que abarcan la vigilancia de espacios marítimos, la conectividad austral, el acceso a la Antártica y la presencia militar en un territorio de grandes dimensiones. El Ministerio de Defensa anunció proyectos de recuperación y fortalecimiento de capacidades que deberán avanzar hacia su materialización mediante contratos, asignaciones presupuestarias e infraestructura de apoyo. Su ejecución y sostenimiento a largo plazo serán fundamentales para mantener la presencia militar chilena en el extremo austral.
Javier – La Trinchera CHILE®
Con Información de latrinchera.cl
