El debate por la agenda de seguridad del Gobierno se intensificó este martes luego de las dudas sobre la continuidad del Plan Calles Sin Violencia en el Presupuesto 2027. Mientras el Ejecutivo asegura que la política no será eliminada, sino reformulada bajo el nombre de Plan FOCO, la oposición cuestiona que el cambio pueda implicar el desmantelamiento de una de las principales estrategias aplicadas durante la administración de Gabriel Boric.
La subsecretaria de Prevención del Delito, Pilar Giannini, respondió a los cuestionamientos y descartó un recorte presupuestario. «No se ha recortado ningún peso este presupuesto», remarcó. Según explicó, el programa fue «reformulado y mejorado» para dar una mejor respuesta a las demandas de seguridad de la ciudadanía.
Giannini sostuvo que la decisión también responde a observaciones surgidas durante la evaluación del programa. «No debemos olvidar que este programa había sido observado tanto por Dipres como por la Contraloría General de la República. Por tanto, nuestro trabajo fue mejorar este programa para tener mejores políticas de seguridad para todos los chilenos», señaló.
La explicación del Gobierno contrasta con la evaluación de la exministra del Interior Carolina Tohá, quien defendió el rol que tuvo el plan en la estrategia contra los homicidios. «El Plan Calles Sin Violencia fue una parte central de la estrategia que permitió revertir el alza de homicidios», escribió en su cuenta de X el 6 de octubre.
Tohá señaló que la iniciativa contempla cuatro ejes: control de armas, persecución penal con unidades ECOH, inversión focalizada en barrios críticos y mayor presencia policial en zonas con mayor violencia. En su mensaje, agregó que «el nuevo presupuesto lo descontinúa» y que «las buenas políticas se deben reforzar, corregir y mejorar, no eliminarse». También advirtió que «si el propósito no es cerrar el programa, sino sólo cambiarle el nombre, sería un caso muy pobre y mezquino de marketing político».
El diputado Raúl Leiva (PS), integrante de la Comisión de Seguridad, trasladó la discusión hacia la falta de una estrategia general del Ejecutivo. «Tenemos un gobierno que saca a la exministra Steiner a los 69 días de mandato y a sus dos subsecretarios invocando que no había un plan de seguridad. Pues bien, lo que nos plantea hoy día el ministro de Seguridad es que ese plan o esa estrategia, mejor dicho, que se hace cargo de la política de seguridad va a estar por ahí por diciembre o enero», cuestionó.
Leiva sostuvo que la seguridad exige una política integral y metas concretas para cada programa. «No podemos esperar ya 10 u 11 meses para que el Gobierno tenga una estrategia de seguridad», acusó. En relación con Calles Sin Violencia, planteó que es necesario evaluar sus resultados, aunque «no basta solo con cambiarlo de nombre»; además, dijo, deben fijarse plazos y objetivos específicos y considerar la experiencia de las comunas donde se aplican estas políticas.
Una crítica más dura formuló el diputado Jaime Araya (Ind-PPD), también integrante de la Comisión de Seguridad. «Si el Gobierno va a eliminar esto, quiero decirlo con toda claridad, el Gobierno está trabajando para el crimen organizado y narcotráfico», sostuvo.
«Si el Gobierno lo que va a hacer es cambiarle el nombre, la verdad de las cosas es estar preocupados del marketing político, de los temas comunicacionales cuando se trata de combatir crimen organizado y narcotráfico», criticó.
La controversia se desarrolla mientras el Ejecutivo intenta destrabar su agenda legislativa en seguridad. Tras las dificultades para conseguir respaldo a su reforma constitucional original, el Gobierno acordó retirar esa iniciativa una vez que avance un nuevo texto trabajado por los senadores Pedro Araya (PPD), Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Republicanos).
Uno de los puntos centrales de esa negociación es el régimen de excepción. A diferencia del proyecto original del Ejecutivo, que contemplaba crear un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública, la propuesta alternativa optaría por modificar el actual Estado de Emergencia para precisar que también pueda ser invocado frente a amenazas a la seguridad pública. El texto contempla disposiciones sobre crimen organizado y segregación de la población penal.
El nuevo proyecto se encontraba en sus últimos ajustes y se esperaba su ingreso al Senado durante esta semana, posiblemente este miércoles 7 de octubre.
En paralelo a la discusión política, las policías centran su atención en las herramientas que esperan obtener de la agenda legislativa. El general director de Carabineros, Marcelo Araya, destacó el análisis de medidas relacionadas con incentivos, beneficios y prolongación de la carrera funcionaria, junto con iniciativas destinadas a reforzar la función policial. «Estamos en un momento en el cual se están discutiendo muchos aspectos que van en directa relación con el perfeccionamiento de la función policial», señaló.
El general director también subrayó la importancia de las leyes que permitan fortalecer la labor operativa y el equipamiento, especialmente frente a procedimientos en flagrancia, donde «todo aporte desde el punto de vista legal, un sustento y sobre todo equipamiento es fundamental».
Desde la PDI, su director, Eduardo Cerna, puso el énfasis en las herramientas para fortalecer las investigaciones. «Las policías somos garantes del Estado de Derecho y actuamos conforme a las leyes que están vigentes», recordó, y expresó su esperanza de que las normas destinadas a favorecer la investigación y entregar mayor resguardo a la ciudadanía «estén vigentes lo antes posible».
Entre las prioridades de la institución, Cerna mencionó las medidas que permitan «maximizar el trabajo investigativo», agilizar la obtención de evidencias e insumos y reducir trámites burocráticos.
Con Información de radio.uchile.cl
