Santiago, 8 de octubre de 2026. – La falta de coordinación entre las instituciones del Estado en la persecución de delitos, en un contexto en el que surgen economías ilícitas que emplean tecnologías cada vez más sofisticadas, fue uno de los principales temas del seminario “El Estado Ciego 2026: Datos, Crimen Organizado y Confianza Pública”, organizado por ALTO Chile y la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).
En el encuentro se planteó la necesidad de contar con una arquitectura pública que permita cruzar, analizar y utilizar los datos a tiempo, con reglas claras y seguras, accesos diferenciados, trazabilidad y protección de derechos, para avanzar desde un trabajo en silos hacia una mayor coordinación institucional que permita enfrentar los delitos de manera más eficiente y rápida.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, fue el encargado de abrir la jornada y advirtió que “cuando no hay coordinación entre las distintas instituciones que manejan la información estamos dejando un importante espacio para que el crimen organizado abuse de esa posición”.
La autoridad agregó que “si el Estado no ve, no es por falta de datos sino porque esa información se encuentra dispersa entre distintas instituciones que no dialogan entre sí, y que operan con estándares distintos y con sistemas tecnológicos que son incompatibles entre sí, careciendo de reglas sobre cómo y cuándo compartirlas”. Rabat añadió que el crimen organizado ha sabido ver esa debilidad y convertirla en una ventaja.
El secretario de Estado indicó que la Ley de Datos Personales, que entra en vigencia en diciembre; la Ley de Ciberseguridad, que pone énfasis en el tratamiento de datos; y la modificación a la Ley de Notarios, que obliga a mantener información en línea, “apuntarán a que exista una coordinación entre las distintas instituciones del Estado en materia de datos e información financiera, inmobiliaria, de vehículos, sociedades, etc”.
Rabat también se refirió a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y, en particular, a la Agencia de Decomiso planteada por el Gobierno. Señaló que actualmente hay aproximadamente 250 bienes raíces decomisados que “todavía no han podido ser rematados. Lo que buscamos con la Agencia de Decomiso es que, una vez dictada una medida cautelar, sea esta institución la que asuma la administración de los bienes y que, tras la sentencia de comiso, puedan enajenar de manera inmediata. Los recursos obtenidos estarán destinados a mejorar la infraestructura y tecnología de las policías y a crear un fondo de reparación para las víctimas. El proyecto ya se encuentra preparado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y estamos trabajando con la Dirección de Presupuestos en la definición de su planta de personal”.
En línea con la temática del seminario, la country manager de ALTO Chile, María de los Ángeles Kassis, destacó el aporte que puede entregar el sector privado en un trabajo conjunto con las instituciones públicas.
“El Estado deja de ser ciego cuando mira con los ojos del mundo privado y del público. En ALTO hemos visto el éxito de casos penales donde conseguimos condenas ejemplificadoras y también las dificultades y la pérdida de tiempo en los procesos investigativos, cuando las instituciones no están interconectadas”, expresó.
La ejecutiva recalcó que la firma tiene “un 300% de mayor efectividad en casos de imputados conocidos trabajando en conjunto con el Ministerio Público y policías. El Estado necesita de la colaboración privada para maximizar sus resultados utilizando sus recursos actuales de manera efectiva y eficiente. Finalmente, el objetivo del sector público y el privado debe ser el mismo: mejorar la seguridad de Chile”.
Kassis agregó que “es importante considerar al mundo privado en las mesas de trabajo al momento de pensar en normativas. En ALTO hemos visto en la práctica cuando las cosas son pensadas y hechas más allá de la teoría, y cuando en terreno funcionan y cuando no. El Estado no puede combatir solo el crimen organizado: necesita al sector privado”.
Desde la UAI, la decana de la Escuela de Gobierno, María José Naudón, señaló que “desde una Escuela de Gobierno, nuestra tarea es contribuir a un Estado más integrado y a una mejor colaboración entre lo público y lo privado. Hoy los grandes desafíos, seguridad, salud, educación, protección social o desarrollo productivo, exigen que la información pueda circular de manera segura, con reglas claras y responsabilidades definidas. La ley debe proteger los datos y los derechos, pero no puede paralizar la colaboración ni la capacidad de actuar. Incidir es ayudar a construir ese equilibrio: trabajar para una mayor integración y reconstruir confianza a partir de esto”.
Tras las intervenciones de ambas autoridades se desarrolló un primer panel de análisis, con la participación del alcalde de Providencia, Jaime Bellolio; la subdirectora jurídica del Servicio de Impuestos Internos, Bárbara Olivares; y la vicepresidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Cecilia Valdés.
En la instancia se enfatizó la necesidad de contar con datos unificados para combatir mejor las economías ilícitas. Bellolio relató la experiencia de la comuna en materia de infraestructura de seguridad y monitoreo para la prevención de delitos. “No basta con tener cámaras o conectar infraestructura a internet; necesitamos responder al delito del siglo XXI con un ecosistema y tecnología del siglo XXI. Para combatir la delincuencia en igualdad de condiciones, se requiere unificación de criterios, colaboración institucional y voluntad política. En Providencia ya tenemos más de 1.000 cámaras de televigilancia gracias al apoyo del concejo, vecinos y comerciantes, entre otros, lo que nos ha permitido disuadir, perseguir el delito y aportar pruebas relevantes para lograr condenas”, sostuvo el edil.
“Lo importante es que para combatir el crimen organizado al mismo nivel y poder vencerlo en igualdad de condiciones necesitamos que haya unificación de criterios, colaboración entre los distintos estamentos del Estado y que haya voluntad política”, agregó.
Bárbara Olivares, por su parte, explicó que una de las barreras actuales es que el Servicio recibe la información con un año de retraso. “La declaración de renta tiene los ingresos, los gastos y los movimientos que el contribuyente puede tener la tenemos en abril del año siguiente a que realizó esos movimientos, por lo tanto, siempre estamos detrás de todas las operaciones”, recalcó. Añadió que se ha logrado mayor simultaneidad en la obtención de la información a través de la facturación electrónica. “Hemos generado mucha información y glosa a partir de las facturas que se emiten. A través de los sistemas, de ciertas características que nosotros hemos podido identificar en este tipo de operaciones, hemos podido llegar a multas”, precisó.
En tanto, la vicepresidenta de la CNC destacó la importancia de los datos dentro del comercio y enfatizó que estos son “casi un commoditie. Es muy complejo manejarla, entonces hoy no es falta de información sino falta de gestión”. Cecilia Valdés expresó, además, que “se necesita mucha gestión, mucha inteligencia de parte del Estado, mucha coordinación, y a veces estamos llegando tarde”.
Valdés explicó que desde el gremio conocen los lugares donde opera el comercio ilícito y que “se entrega la información al Servicio Impuestos Internos, pero a veces las fiscalizaciones son tardías, los municipios no siempre tienen las herramientas indicadas, y ahí se nos va cortando la cadena, la urgencia, se van dilatando los hechos y no logramos cerrar el círculo de poder tener presas a las personas involucradas”.
El segundo panel de conversación contó con la participación del exministro y expresidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, y de Romina Garrido, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Ambos enfatizaron los métodos de prevención a través del uso de datos, la seguridad privada y las nuevas regulaciones en esta materia.
Juan Ignacio Piña, también socio de BCP Abogados, reforzó que dentro de los métodos de prevención es necesario contar con el aporte y la experiencia del mundo privado para apoyar el trabajo de las instituciones de seguridad. “Podemos ver en Chile el proceso de pasar de la fiscalización y el control a la colaboración público-privada, y, en este momento, las necesidades de integración de custodia de la información y de esa colaboración público-privada, es precisamente la que nos está abriendo puertas que antes eran impensadas”, indicó.
ALTO es una empresa multinacional de servicios dedicada a la protección de personas, marcas y activos frente a infractores de la ley, con equipos especialistas en la disminución y persecución penal de los delitos que sufren las empresas. La compañía identifica las vulnerabilidades de seguridad y analiza el comportamiento delictivo para tomar decisiones y ejecutar estrategias en torno a la prevención de pérdidas.
ALTO está presente en Chile, México, Colombia, España y Estados Unidos. Más información en www.alto-company.com y contacto en www.alto.cl/contacto/.
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