La ampliación de la cárcel Santiago 1 fue oficialmente postergada. El conflicto se agudizó después de que el Ministerio de Justicia confirmara que las obras de expansión quedarán fuera del próximo proceso de licitación del recinto, lo que dejó a los planes estatales limitados únicamente a renovar la concesión para la operación del penal.
El freno definitivo no provino de la política tradicional, sino de los tribunales. El 17º Juzgado Civil de Santiago dictó una medida precautoria que detuvo de raíz todo trámite administrativo, licitación, modificación del plan regulador o firma de contrato vinculado a la obra civil.
La estrategia fue encabezada por la Municipalidad de Santiago. El fondo de la disputa jurídica es una cuestión de conceptos: el Ejecutivo defendía el proyecto como una “ampliación masiva” destinada a combatir la crisis del sistema carcelario, mientras que el municipio, respaldado en informes técnicos, sostuvo ante el tribunal que el plan suponía en la práctica edificar un nuevo penal de alta y máxima seguridad en terrenos con roles tributarios distintos. Al tratarse técnicamente de un recinto nuevo, la omisión de las normativas de la Ley General de Urbanismo y Construcción constituía un acto ilegal.
Sobre la conveniencia de ubicar una cárcel de alta seguridad dentro de la ciudad o en las afueras no existe una respuesta única. Expertos en urbanismo, criminología y seguridad pública coinciden en que ambas alternativas plantean un dilema técnico y estratégico, en el que hay que ponderar complejos beneficios de logística operativa frente a factores de seguridad vecinal e impacto social.
La opción de emplazar el recinto en una zona aislada cuenta con un amplio respaldo ciudadano y municipal, y suele ser la elegida por países que enfrentan graves problemas de crimen organizado, mediante localizaciones en el desierto o en zonas rurales apartadas. En materia de seguridad y control, la lejanía de áreas pobladas disminuye el riesgo de “pelotazos” —el lanzamiento de drogas o armas desde el exterior—, facilita el bloqueo selectivo de señales telefónicas y de internet sin afectar a la población civil aledaña y reduce la posibilidad de atentados o rescates armados en avenidas urbanas congestionadas.
En el plano socio-urbano, este modelo evita la degradación del entorno residencial —con comercio ambulante desregulado, congestión vial y temor constante entre los vecinos— y frena la desvalorización de las propiedades.
No obstante, el aislamiento implica desventajas logísticas. Requiere una inversión pública masiva para extender servicios básicos como agua, luz, alcantarillado y conectividad vial, y encarece y complejiza el traslado diario de internos a audiencias judiciales o emergencias médicas, ampliando la ventana de vulnerabilidad durante los trayectos.
La alternativa dentro de la ciudad corresponde al modelo tradicional chileno de barrios judiciales, visible en el eje de la avenida Pedro Montt en Santiago Centro, donde cárceles y tribunales colindan. Sus ventajas operativas y judiciales incluyen la reducción al mínimo del traslado físico de reos peligrosos gracias a la cercanía de los centros de justicia, lo que mitiga el riesgo de emboscadas o fugas viales, optimiza el tiempo de reacción de las fuerzas de seguridad ante motines o emergencias internas y facilita el acceso del personal penitenciario calificado, abogados defensores y fiscales.
Este modelo también supone un menor costo inicial, ya que permite aprovechar terrenos e infraestructura fiscal ya existentes, abaratando los costos de construcción y agilizando los tiempos de entrega de la obra.
A cambio, presenta desventajas de convivencia urbana: transforma los alrededores en una “zona de sacrificio” en términos de seguridad. El aislamiento tecnológico de la cárcel, mediante el bloqueo de señal celular, interfiere con la vida digital de los barrios residenciales colindantes, y el entorno sufre un inevitable deterioro social e inmobiliario.
Los especialistas en seguridad concluyen que la ubicación geográfica es secundaria si el régimen interno falla. Para los académicos, el verdadero estándar de la alta seguridad no radica en la distancia respecto de la ciudad, sino en el aislamiento total y tecnológico del recluso: celdas individuales estrictas, control absoluto de la tecnología para evitar que las bandas sigan operando desde el interior, y un personal penitenciario altamente especializado y protegido de la corrupción. Si estos factores se cumplen, la estructura urbana resulta manejable; si fallan, una cárcel en medio del desierto sigue siendo igual de vulnerable.
Con Información de revistaseguridad.cl
