Los nuevos fondos públicos se orientarán a fortalecer la capacidad operativa en terreno mediante el aumento del contingente fiscalizador, la incorporación de tecnologías preventivas y la adquisición de equipamiento logístico. A través de este plan, el Gobierno de Chile asumió una serie de compromisos operativos con plazo al cierre de 2027.
Los recursos adicionales financiarán la contratación de más personal fiscalizador, tecnologías de prevención y equipamiento destinado a mejorar el despliegue en terreno. Con este refuerzo, el Ejecutivo chileno fijó dos metas operacionales principales.
Incremento de inspecciones: alcanzar las 13.000 fiscalizaciones anuales al cierre de 2027, lo que implica un alza del 30% respecto de 2026.
Mayor cobertura: extender los controles hasta cubrir el 50% del total de las faenas mineras del país. La meta final es lograr la fatalidad cero en la industria.
Estas medidas convergen en un único objetivo estratégico: consolidar una tasa de fatalidad cero en el sector minero.
Antecedentes y diagnóstico sectorial. La creación de esta mesa técnica responde a la muerte de siete personas en un período inferior a 30 días, iniciado el 23 de septiembre de 2026. Entre los siniestros más graves figuran incidentes severos en la planta Nueva California, en Illapel; en la mina Aguilucho, en Taltal; y un desprendimiento de tierra por alud en la División El Teniente de Codelco.
El análisis encabezado por el biministro Mas identificó variables emergentes que elevan la vulnerabilidad laboral. Entre ellas destacan la rotación del capital humano, que exige optimizar los programas de inducción, y la prolongación estacional de las faenas de invierno durante dos meses críticos debido al clima adverso. En consecuencia, la autoridad sectorial mantendrá una postura estricta y se reserva la facultad de aplicar paralizaciones preventivas o clausuras inmediatas a las instalaciones que incumplan los estándares de seguridad vigentes.
Con Información de revistaseguridad.cl
