El conjunto de medidas operativas contempla nuevas facultades para la PDI y el SERMIG, cada una acompañada de restricciones o exclusiones expresas para su aplicación.
En cuanto al ingreso a domicilios, la PDI puede solicitar a un juez de garantía la entrada y registro a viviendas particulares. Esta facultad aplica exclusivamente para ejecutar una orden de expulsión firme y ejecutoriada, y el juez debe resolver en un máximo de 24 horas.
En materia de acceso a datos de localización, el SERMIG queda habilitado para exigir datos básicos como nombre, correo y domicilio a empresas, particulares y servicios públicos. Sin embargo, se excluye estrictamente la recopilación de datos en recintos de salud, colegios y respecto de menores de edad.
Respecto del efecto de los recursos judiciales, la interposición de un recurso de reclamación ya no suspende de forma automática la expulsión. Además, el plazo para presentar este recurso se reduce drásticamente a la mitad, quedando fijado en cinco días.
El paquete también incorpora herramientas de control biométrico, que contemplan la implementación del registro biométrico obligatorio y la retención de documentos de viaje. Estas medidas están limitadas únicamente a infractores mayores de edad.
Finalmente, en el ámbito de las causales de expulsión, se faculta la expulsión administrativa ante alteraciones o afecciones graves al orden público. Para ello, se requiere que el proceso administrativo sea validado bajo los nuevos estándares de notificación electrónica o tácita.
Con Información de revistaseguridad.cl
