El Gobierno de Chile analiza abstenerse de firmar su entrada en la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), la propuesta impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para articular acciones contra el crimen organizado en el continente.
La decisión debe tomarse antes del 27 de octubre, fecha en la que está prevista la reunión en República Dominicana entre representantes de los países miembros y observadores del Escudo de las Américas. En ese encuentro se abordará la firma del acuerdo que formalizaría la participación de los Estados en la coalición militar.
De acuerdo con lo informado por Meganoticias, fuentes del Ejecutivo chileno indicaron que el país habría comunicado a Estados Unidos la eventualidad de no suscribir la iniciativa, a raíz de las reservas que existen entre diversas autoridades nacionales sobre los márgenes de actuación que tendrían las Fuerzas Armadas de la coalición y su eventual despliegue en países del continente.
El encuentro será encabezado por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y entre los invitados figura el ministro de Defensa Nacional de Chile, Fernando Barros. Según los antecedentes difundidos, se anticipa que entre 19 y 20 naciones participen en la firma del acuerdo, en una instancia que podría definir el alcance regional de la iniciativa militar.
La Coalición contra los Cárteles constituye el brazo militar del Escudo de las Américas, la alianza a la que Chile se sumó en septiembre. La iniciativa busca crear mecanismos de coordinación y cooperación para enfrentar a organizaciones criminales y grupos considerados narcoterroristas, con la opción de que las Fuerzas Armadas de los países participantes intervengan en las operaciones.
El eventual empleo de medios militares representa uno de los asuntos más debatidos dentro del Gobierno chileno. Las dudas se centran en las atribuciones operativas de las fuerzas involucradas y en la posibilidad de que las actividades de la coalición contemplen el uso de fuerza letal dentro de los territorios nacionales.
Fernando Barros se encuentra entre los escépticos frente a una incorporación que suponga compromisos militares adicionales. Cuando Chile se adhirió al Escudo de las Américas, el ministro sostuvo que esa participación no comprometería la soberanía nacional, no generaría nuevas obligaciones y tampoco contemplaría la intervención de las Fuerzas Armadas, condiciones que ahora cobran relevancia frente a la posible firma del acuerdo militar.
La gestión diplomática también marca el escenario previo a la definición. Durante esta semana, la Embajada de Estados Unidos en Chile contactó a parlamentarios oficialistas para promover la adhesión del país, entre ellos los senadores Manuel José Ossandón y Andrés Longton, de Renovación Nacional, además del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.
Ossandón expresó su disposición a participar en instancias internacionales contra el crimen organizado, aunque condicionó ese respaldo al respeto de la soberanía chilena. En declaraciones a Meganoticias, el senador mencionó la situación de Colombia, Ecuador y Perú frente a estas organizaciones y defendió la participación en iniciativas de cooperación que resguarden la autonomía del país.
Desde Estados Unidos, fuentes del Ejecutivo han señalado que entrar en la coalición no implicaría una pérdida de soberanía y que cualquier acción militar requeriría la aprobación expresa del país correspondiente, además de ajustarse a su legislación interna. Según esos antecedentes, Chile podría convertirse en el único integrante del Escudo de las Américas que no suscriba el acuerdo militar.
Una eventual decisión de no firmar no significaría necesariamente abandonar el Escudo de las Américas. Chile podría mantener su participación en la dimensión política y estratégica de la alianza, incluido el intercambio de inteligencia y la cooperación, sin incorporarse de manera formal a su estructura militar. Otra alternativa en evaluación sería sumarse a la coalición como observador, una fórmula que permitiría conservar el vínculo con la iniciativa sin asumir todas las condiciones aplicables a los miembros plenos.
Las consecuencias diplomáticas también pesan en las consideraciones del Ejecutivo, dado el interés que Washington ha otorgado a la iniciativa. Se espera el regreso del canciller Francisco Pérez Mackenna, quien se encuentra en gira por Europa, para resolver una postura definitiva. La determinación podría comunicarse el lunes 26 de octubre, mientras el Gobierno deberá definir si envía una delegación a República Dominicana para explicar su posición o si opta por no asistir a la reunión.
Con Información de www.infodefensa.com
