El Gobierno de Chile decidió postergar su entrada oficial a la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), una propuesta impulsada por Estados Unidos para profundizar la colaboración regional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. La medida responde a discrepancias al interior del gabinete, en particular a las objeciones del ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, frente al componente militar del acuerdo.
La resolución se adoptó en una reunión del comité político encabezada por el presidente José Antonio Kast, de la que formaron parte el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; el ministro Fernando Barros; el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; y el subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas.
El subsecretario Arenas confirmó la determinación el lunes 26 de octubre y explicó que se recibieron nuevos documentos vinculados al acuerdo. Dichos antecedentes serán analizados por distintos ministerios y compartidos con congresistas antes de cualquier eventual adhesión al pacto.
El análisis llega poco antes de un encuentro convocado por Estados Unidos en República Dominicana, donde representantes de 20 países de la región discutirán un marco de gobernanza y un plan estratégico para la A3C. Chile estará representado por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien asistirá para ratificar la condición de observador del país, sin concretar todavía su incorporación formal.
El Ejecutivo chileno ha destacado la importancia de reforzar la cooperación internacional frente al crimen organizado, aunque las condiciones específicas de la iniciativa han generado inquietudes sobre sus posibles consecuencias para el país.
La Coalición contra los Carteles de las Américas busca establecer mecanismos de colaboración entre naciones del continente para combatir organizaciones delictivas transnacionales. Sin embargo, uno de los puntos que mayor resistencia ha provocado dentro del gabinete es su dimensión militar y las eventuales responsabilidades que asumirían los países participantes.
De acuerdo con informaciones publicadas por La Tercera y El Mostrador, el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, ha mantenido una postura prudente frente a la adhesión, principalmente por lo que podría implicar la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones vinculadas al combate del narcotráfico.
El debate cobra relevancia porque en Chile las Fuerzas Armadas no tienen entre sus funciones ordinarias la seguridad pública ni la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, tareas que corresponden a las instituciones policiales. En ese contexto, La Moneda optó por mantener abiertas las conversaciones con Washington, sin asumir todavía los compromisos previstos para la cita internacional.
Otro eje central de la decisión es la intención del Gobierno de involucrar al Congreso Nacional de Chile en el estudio de la iniciativa, considerando sus posibles implicancias jurídicas, institucionales y de seguridad.
El subsecretario Gonzalo Arenas señaló que aún existen dudas sobre la naturaleza del instrumento y sobre si corresponde calificarlo como un tratado internacional, una distinción clave para determinar los procedimientos jurídicos e institucionales aplicables a una eventual adhesión.
La autoridad recalcó que la participación del Congreso Nacional resulta fundamental, independientemente de la calificación jurídica que finalmente se asigne al acuerdo. «Es un tema de Estado», afirmó el vocero, al sostener que el combate al crimen organizado trasciende los períodos presidenciales y exige coordinación entre las instituciones del país.
Por el momento, la consulta al Congreso Nacional no significa que esa rama del poder asuma la decisión final sobre la adhesión. El Ejecutivo continúa evaluando la propuesta y hasta ahora no ha anunciado una fecha para resolver su incorporación formal a la coalición.
Con Información de www.infodefensa.com
