La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad, con 142 votos a favor y 0 en contra, el proyecto de ley que contempla elevar de manera drástica las penas para los adultos que reclutan o utilizan a menores de edad para cometer delitos. La iniciativa, respaldada activamente por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue despachada al Senado, donde cumplirá su segundo trámite constitucional.
No obstante, la aprobación abre también un debate que merece atención: además de endurecer las sanciones contra quienes reclutan menores, ¿resulta igualmente necesario fortalecer las consecuencias penales para los adolescentes que participan directamente en delitos de especial gravedad?
Cabe precisar que ambas materias responden a objetivos legislativos distintos. El proyecto aprobado por la Cámara apunta a incrementar la responsabilidad penal de los adultos que usan a menores para delinquir y no modifica de manera directa la Ley 20.084, que regula la responsabilidad penal adolescente.
Esa última materia cuenta con una reforma independiente, tramitada bajo el Boletín 15.589-07, orientada a reforzar la respuesta sancionatoria frente a conductas de especial gravedad. Por lo tanto, no se trata de una discusión inexistente, sino de un proceso legislativo separado que también requiere avanzar.
El desafío para el Estado consiste en abordar ambas dimensiones de forma integral. Por una parte, perseguir y sancionar con severidad a quienes instrumentalizan a menores para incorporarlos al mundo delictual. Por otra, disponer de un sistema de responsabilidad penal adolescente que permita aplicar consecuencias proporcionales, efectivas y oportunas frente a delitos violentos, graves y situaciones de reincidencia.
En las calles de las poblaciones más vulnerables, quienes recorren el territorio saben que concentrarse preferentemente en el adulto —“un eslabón que muchas veces ya acumula un extenso prontuario y para quien la prisión es un riesgo laboral asumido”— tiene una gran limitación: esa estrategia punitiva ignora la fría matemática del crimen organizado. Para una banda delictual, el adulto con antecedentes es una pieza valiosa, pero reemplazable; en cambio, el menor de edad es el verdadero motor de su logística, debido a su inimputabilidad o a las bajas penas que enfrenta.
Mientras las reformas legales no construyan un muro de contención que afecte directamente los incentivos del adolescente para entrar al negocio, la “rueda” no va a parar. Hoy, un joven no decide delinquir únicamente porque un adulto lo obligue; lo hace porque calcula que el beneficio económico inmediato es altísimo y el costo judicial es prácticamente cero.
Lo anterior refuerza la necesidad de avanzar en la modificación de la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente.
Si el adolescente asume que ingresar al mundo delictual tendrá consecuencias reales, restrictivas y severas para su propia libertad, el reclutador adulto perderá su principal argumento de venta: “Tranquilo, a ti no te va a pasar nada”. Al omitir este eslabón, el sistema judicial chileno sigue corriendo de atrás, persiguiendo a criminales veteranos mientras observa, de brazos cruzados, cómo se gradúa la nueva generación.
Robert Gutter, director de Revista Seguridad
Con Información de revistaseguridad.cl
