Un ciberataque afectó el Sistema de Atención Consular (SAC) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, la Cancillería, con impacto principal en el registro de visas de la red de consulados en el exterior, según reveló una investigación publicada por El Mostrador.
El incidente se originó hace dos semanas, cuando un clic sobre un correo electrónico intervenido abrió la puerta a un código malicioso que logró infiltrarse en el núcleo digital de la red diplomática chilena en el exterior, algo que nadie en el Ministerio anticipó en ese momento.
El objetivo de la intrusión fue el SAC, una plataforma crítica que da soporte a los trámites de miles de ciudadanos y extranjeros en todo el mundo, con un punto especialmente sensible: el registro de visas. El virus no actuó como un golpe rápido y visible, sino que operó de manera silenciosa, replicándose dentro de la estructura informática sin llegar a ser erradicado por completo.
Durante días, los equipos técnicos enfrentaron un dilema complejo. En ciberseguridad, aislar un sistema infectado normalmente exige desconectarlo, pero apagar el SAC habría dejado a miles de chilenos distribuidos por el mundo en el limbo administrativo y sin asistencia consular. La prioridad de mantener la continuidad operativa obligó a combatir la amenaza “en caliente”, con el sistema todavía encendido y en funcionamiento.
La magnitud del problema trascendió las paredes del edificio José Miguel Carrera tras una investigación periodística que encendió las alarmas sobre el verdadero riesgo de la intrusión. En el mercado negro digital, las bases de datos de visados constituyen un botín codiciado por redes de crimen organizado transnacional, que emplean esa información para cometer fraudes migratorios, suplantación de identidad y esquemas de lavado de activos.
Pesquisas en curso y sospechas externas
Mientras los especialistas intentaban contener la propagación interna del software malicioso, las sospechas sobre la autoría comenzaron a apuntar hacia el extranjero, con hipótesis que van desde grupos de ciberdelincuentes orientales hasta posibles actores estatales.
Desde la Cancillería, las autoridades confirmaron la solicitud de análisis forenses especializados para dimensionar el daño real y aseguraron que se mantiene un monitoreo permanente destinado a blindar la información sensible de los usuarios.
La Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), por su parte, asumió un rol fiscalizador e inició una investigación oficial. Aunque de manera preliminar el organismo planteó la hipótesis de un ataque de denegación de servicio (DDoS) paralelo o vinculado al incidente, advirtió que las responsabilidades y eventuales sanciones se determinarán una vez concluida la indagatoria técnica.
Con Información de revistaseguridad.cl
