domingo, 15 de noviembre de 2026
Policial

Resolución Exenta restablece la certeza jurídica de miles de propietarios históricos de armas en Chile

Un mes después de su publicación en el Diario Oficial, la Resolución Exenta N° 2.667 de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) ha tenido un impacto práctico considerable para el mundo civil de los legítimos usuarios de armas en Chile.

El documento, firmado por el director general Pedro Araya Améstica, dispuso dejar sin efecto las exigencias de acreditación y de renovación quinquenal de conocimientos técnicos para todas las armas inscritas antes del 12 de mayo de 2005, con lo cual se cierra una distorsión administrativa que se arrastraba por más de dos décadas.

El origen de esta distorsión, que cumplió veintiún años, se remonta a mayo de 2005, cuando se promulgó la Ley N° 20.014. Esa norma reformó la Ley de Control de Armas e introdujo por primera vez la obligación de aprobar un examen sobre conservación, mantenimiento y manejo del arma antes de inscribirla. Sin embargo, en resguardo del principio de irretroactividad, el legislador incorporó un artículo segundo transitorio que eximía expresamente de ese trámite a quienes ya tenían armas inscritas antes de esa fecha.

En la práctica, ese espíritu de la ley se perdió en las ventanillas. Durante años, diversas Autoridades Fiscalizadoras del país exigieron igualmente a los propietarios antiguos someterse a acreditaciones y renovaciones cada cinco años. El conflicto escaló hasta la Contraloría General de la República, que mediante el dictamen E350741N23 ratificó que dicha exigencia no procedía por regla general. La Resolución 2.667 vino finalmente a alinear la práctica interna de la DGMN y de Carabineros con el mandato legal y contralor.

La entrada en vigencia de la resolución modificó de inmediato el escenario administrativo para miles de tenedores, cazadores y deportistas históricos, con cuatro efectos concretos.

El primero es el fin de la acreditación y de la renovación quinquenal. Las personas naturales y jurídicas con armas inscritas antes del 12 de mayo de 2005 quedaron liberadas de rendir pruebas o cursos de manejo y mantenimiento cada cinco años respecto de ese armamento, y las Autoridades Fiscalizadoras recibieron la instrucción expresa de abstenerse de pedir este requisito.

El segundo es la regularización de las acreditaciones vencidas. Quienes en el pasado realizaron la acreditación por error o por exigencia administrativa y hoy la mantienen vencida ya no están obligados a renovarla, siempre que el arma corresponda al inventario previo a mayo de 2005.

El tercero es una limpieza automática en el sistema informático. La resolución ordenó al Departamento de Tecnologías de la Información modificar de oficio el registro centralizado, con lo cual se desactivaron las alertas automáticas y las caducidades que dejaban a usuarios históricos en situación irregular o bloqueados para comprar munición por no haber renovado un trámite que nunca debieron realizar.

El cuarto es una regla mixta para nuevas adquisiciones. La DGMN delimitó con precisión el alcance del beneficio: la exención está adscrita al arma antigua y no a la persona de manera ilimitada. Si un propietario antiguo decide comprar o inscribir una nueva arma adquirida después del 12 de mayo de 2005, deberá cumplir con toda la acreditación técnica vigente y sus respectivas renovaciones quinquenales para esa nueva pieza.

Aunque el acto administrativo fue recibido como un alivio por organizaciones de usuarios como la Asociación Nacional por la Tenencia Responsable de Armas (ANTRA), también abrió un flanco de cuestionamientos sobre los costos ya asumidos. Durante años, cientos de propietarios pagaron tasas, realizaron cursos en entidades capacitadoras o enfrentaron bloqueos injustificados en sus permisos debido a la disparidad de criterios entre oficinas fiscalizadoras.

Más allá de esa discusión reparatoria, la Resolución Exenta N° 2.667 marca un hito relevante en la gestión de la Ley N° 17.798: reconoce el principio de certeza jurídica, despeja la carga burocrática sobre el parque de armas más antiguo del país y permite que la fiscalización concentre sus esfuerzos en el control efectivo y en las nuevas inscripciones.

Con Información de revistaseguridad.cl

Editor

Redacción.

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