jueves, 19 de noviembre de 2026
Policial

Las nuevas modalidades operativas del crimen organizado en Chile

La creciente sofisticación tecnológica, la diversificación de las fuentes de ingresos y la formación de un poder económico paralelo que desafía a las instituciones son algunas de las manifestaciones de la evolución de esta modalidad delictiva.

El crimen organizado se ha convertido en una amenaza que afecta de manera directa la calidad de vida de las personas, al reducir su seguridad, atemorizar a las comunidades y desestabilizar democracias en todo el mundo.

En Chile existe actualmente un ecosistema ilícito integrado y en expansión. Así lo describe un informe de la Fiscalía Nacional de Chile publicado en 2025, que analiza el estado del crimen organizado transnacional (COT) en el país y revela una transformación delictiva profunda, marcada por el aumento de la sofisticación tecnológica, la diversificación de ingresos y la generación de un poder económico paralelo que desafía la institucionalidad, en un proceso que el organismo denominó “densificación delictual sin precedentes”.

Esa diversificación, conocida como “multidelitos” o “multipropósitos”, es una de las principales estrategias que emplean las bandas criminales para aprovechar rutas ilícitas ya consolidadas e introducir distintos bienes al país.

Esta actividad delictiva golpea de forma directa a Chile y representa un obstáculo significativo para su desarrollo. El costo económico de la delincuencia y del crimen organizado llegó a los US$ 10.540 millones durante 2025, equivalente al 3,03% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de acuerdo con el estudio más reciente de CLAPES UC, publicado en octubre de 2026. La cifra refleja un fuerte aumento respecto del 1,99% del PIB registrado en 2013.

Una sociedad cómplice

Existen hoy delitos que la opinión pública y el sistema judicial suelen percibir como faltas menores y que operan como “caja chica” de estos grupos. Entre los principales figuran el contrabando, la falsificación, el comercio ilícito y la piratería, actividades enmarcadas en las llamadas “economías ilícitas”.

Se trata, sin embargo, de una realidad cada vez más conocida. Según la Encuesta Nacional sobre Percepción del Comercio Ilícito y Contrabando en Chile (CNC, 2026), una de cada tres personas declara comprar en el mercado informal, mientras que nueve de cada diez saben que estas actividades pueden financiar redes delictivas.

Pilar Lizana, directora de Volpe Consulting y especialista en materias de seguridad, crimen organizado y narcotráfico, sostiene que en los últimos 15 años el COT se consolidó en Chile como un punto estratégico para el desarrollo de los negocios de las economías ilícitas. “Tiene puertos y aeropuertos que lo conectan con todo el mundo y le permiten así a estas organizaciones llegar a su demanda global por cualquiera de los productos ilegales que ofrecen”, señala.

Según la especialista, el cambio visible es que el país dejó de ser solo un punto de tránsito y pasó a cobrar importancia dentro de la cadena de valor. Ello ha llevado a las estructuras delictivas a explotar industrias completas de negocios ilegales y a usar el territorio nacional como plataforma de envío hacia el resto del mundo, aprovechando la falta de cooperación entre los organismos fiscalizadores y gubernamentales. “La consolidación de Chile como un actor clave en la cadena de valor criminal ha sido empujada principalmente por esta falta de articulación”, finaliza.

En ese ecosistema conviven grupos como el Tren de Aragua, Los Gallegos y Los Trinitarios, lo que convierte a Chile en un territorio donde el delito no solo compite con el comercio formal, sino que moviliza una economía paralela estimada en más de 5.700 millones de dólares anuales, monto que equivale al 1,5% del PIB nacional.

De este modo, las “economías ilícitas” mueven un flujo constante de liquidez, enfrentan penas menores y evaden millones de dólares en impuestos, lo que perjudica directamente al erario nacional y, por ende, al bienestar de los chilenos. La paradoja, sin embargo, es que los propios consumidores también se convierten en parte de esta red al preferir productos ilegales o de contrabando.

Vulnerabilidad en las fronteras

La mutación del COT no solo se expresa en cifras financieras: también evidencia una notable capacidad de adaptación territorial y logística. Cuando una ruta se cierra, las bandas rápidamente abren o exploran alternativas más peligrosas.

Prueba de ello se observa a diario en la frontera, especialmente la norte, donde la construcción de zanjas y la instalación de bloques de hormigón por parte del gobierno han desplazado las huellas de tránsito hacia los campos minados del hito 16, lugar donde se han registrado accidentes de gravedad. Uno de los más recientes fue el estallido de una camioneta cargada con cátodos de cobre e insumos industriales, que activó dos minas antitanques colocadas en la década de los 70.

La vía aérea también enfrenta enormes desafíos. A inicios de octubre, personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que operaba en el aeropuerto de Calama advirtió anomalías durante un control rutinario al equipaje de bodega. El análisis de rayos X arrojó elementos sospechosos en las maletas de 14 trabajadores mineros domiciliados en distintas regiones del país, en cuyo interior se encontraron más de 5.300 cajetillas sin rotulación sanitaria ni registro.

Los imputados fueron formalizados por el delito de contrabando aduanero y quedaron sujetos a las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.

“Nuestro compromiso es fortalecer permanentemente los controles de seguridad aeroportuaria, adaptándose a la evolución de las amenazas y reforzando la coordinación interinstitucional, contribuyendo desde nuestras competencias a la seguridad del país y a la protección de quienes utilizan el transporte aéreo”, señalan desde la DGAC.

Mirada gremial

Desde el mundo empresarial se observa con preocupación la creciente penetración del mercado ilícito, al punto de que el sector ha levantado sus propias banderas de lucha.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC), por ejemplo, fundó hace 10 años el Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad (OCIS), con el objetivo de encontrar vías conjuntas para enfrentar estos delitos.

Desde el gremio advierten que la información recogida permite observar una “expansión sostenida del crimen organizado y su creciente diversificación hacia distintas modalidades de comercio ilícito como mecanismos para operar y financiarse. Así lo vemos hoy en el aumento del contrabando de mercancías a través de las fronteras, la falsificación de productos de lujo, la comercialización de bienes robados y la venta no autorizada de productos regulados, como medicamentos, alcohol y cigarrillos, entre otros”, señala Sergio Morales, gerente del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad (OCIS).

En esa misma línea, este año se fundó la Asociación Nacional contra las Economías Ilícitas (ANEI), que surge como una respuesta proactiva del empresariado para coordinar esfuerzos con las autoridades, las policías, los entes fiscalizadores y la ciudadanía, y hacer frente a estos delitos. “Las economías ilícitas, como el contrabando, el comercio ilegal y la falsificación, constituyen el motor financiero del crimen organizado, el cual analiza constantemente los distintos mercados para diversificar y capitalizarse con rapidez. Para enfrentar este desafío, es indispensable fortalecer la articulación público-privada mediante el intercambio estratégico de información y recursos que permitan dar una respuesta rápida y efectiva”, señala su presidente, Arturo Alessandri.

¿Cómo enfrentar este desafío? Pilar Lizana considera que “el crimen organizado va a dejar de ser un problema cuando Chile deje de ser un lugar importante para hacer negocios ilícitos”.

En ese sentido, la experta destaca el trabajo realizado por el Ministerio de Seguridad, aunque advierte que aún falta coordinación con otros organismos, como Hacienda, que son clave para perseguir las economías ilícitas, por ejemplo a través de la Unidad de Análisis Financiero, la Comisión para el Mercado Financiero, Aduanas o el Servicio de Impuestos Internos. “No es un problema netamente de violencia e inseguridad; está asociado a un desarrollo económico que se impulsa desde lo ilegal, que no responde a ninguna norma y que afecta fuertemente la formalidad, la inversión y el desarrollo. Entonces, en ese sentido, la medida más importante de corto plazo es que estos temas también tienen que estar en ministerios como Economía o Hacienda”, concluye.

Con Información de revistaseguridad.cl

Editor

Redacción.

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