La llamada Operación «Julio A. Roca» tiene como objetivo monitorear las vulnerables fronteras argentinas con una presencia militar integral, iniciándose en una amplia zona fronteriza donde la marginalidad, el contrabando, la trata de personas y la corrupción se han vuelto habituales.
El Ministerio de Defensa ha tomado la controvertida decisión de intervenir con efectivos del Ejército Argentino para vigilar una línea difusa donde conviven cotidianamente delitos transnacionales, siendo el narcotráfico un dueño indiscutible de terrenos y funcionarios. La cúpula militar ha decidido, pese a las críticas de diversos sectores políticos, intentar contener y regular una extensa frontera afectada por la impunidad de las organizaciones narcotraficantes, poniendo en la sombra el trabajo de la administración pública.
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Helicópteros de la Aviación del Ejército Argentino involucrados.
El despliegue se realiza en áreas apartadas de los centros urbanos y pasos fronterizos oficiales, buscando abarcar aquellas zonas ya dominadas por narcotraficantes y contrabandistas, que escapan al control de las fuerzas policiales provinciales.
Se ha constituido un Comando Conjunto Interagencial que colaborará con el Ministerio de Seguridad a través de su Plan Güemes, un verdadero desafío en un escenario donde prevalecen elementos corruptos, lo que implica que los efectivos del Ejército Argentino operarán en un entorno hostil y tendrán que preocuparse más por su seguridad que por proteger la línea fronteriza de grupos que intentan cruzar con cargas de ropa o aceite. Los soldados, acostumbrados a enfrentar necesidades y desastres climáticos por un salario mínimo, tendrán que estar alerta y mantener la vista aguda para evitar caer en trampas de su “propia tropa”.
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Dos miembros del Ejército Argentino con cámaras unipersonales.
En años anteriores, bajo una administración diferente, se llevaron a cabo operativos similares, ampliamente publicitados pero con escasos resultados. El arduo trabajo de los militares, que incluía patrullas agotadoras en la densa vegetación y vigilancia constante, fue obstruido desde el inicio por funcionarios corruptos que establecieron redes de corrupción dentro de las estructuras de mando provincial, mientras que algunos oficiales de seguridad y fuerzas policiales optaron por ignorar el paso de contrabandistas con cargamentos de cereales o drogas.
De esta forma, las fuerzas armadas deben cuidar una frontera débil, con recursos limitados y, peor aún, con normativas poco protectoras para sus miembros, ya que políticos de administraciones anteriores amenazan con acciones judiciales contra los efectivos involucrados cuando retornen al poder.
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Un camión con radar del Ejército Argentino que participa en el operativo.
Al inicio de la operación, como es habitual, la base principal, ubicada en una ciudad llamada Tartagal, fue visitada por el ministro de Defensa Luis Petri, junto con el Jefe del Estado Mayor Conjunto Brigadier Xavier Julián Isaac. Allí, evaluaron las instalaciones del Puesto de Comando y la preparación de los efectivos militares, para luego sobrevolar en helicóptero zonas críticas de la frontera donde se llevarán a cabo las misiones de vigilancia y control.
La Operación «Julio A. Roca» contempla el despliegue de más de diez mil soldados en las provincias del NOA y NEA del país. Con el apoyo técnico de sistemas de radares móviles modernizados por el INVAP, drones y UAV, patrullajes fluviales y helicópteros equipados con tecnología avanzada de visión diurna y nocturna, se concentrarán en sectores clave de la frontera con Bolivia.
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Una militar del Ejército Argentino durante el operativo.
En la provincia de Salta, las localidades de Tartagal (sede de uno de los regimientos más afectados del Ejército Argentino), Aguaray y Salvador Mazza, conforman corredores estratégicos para el delito, donde la pobreza prevalece a ambos lados de la frontera, y las voluntades son fácilmente compradas con la oferta de trabajo o dinero, donde el patriotismo de cualquier uniformado flaquea.
Se ha mencionado que se han realizado inversiones para proporcionar a los efectivos involucrados los medios necesarios para su labor, incluyendo recursos de observación día y noche, vehículos todoterreno, cámaras individuales y elementos de protección. Se presentó la naturaleza de la misión a cumplir, y se exhibieron los UAV y drones que presumiblemente se cruzarán con aeronaves que ingresan con drogas, capturando imágenes en áreas donde la justicia es inexistente, habiendo incluso magistrados encarcelados por complicidad con el narcotráfico.
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Un soldado empuñando una escopeta de munición no letal.
Todo esto requiere la provisión de cámaras y sistemas de captura de imágenes para presentar pruebas del delito a la justicia, aunque también servirán para proteger a los soldados de algo más grave que un disparo adversario: una posible causa penal en los años venideros.
Como en ocasiones anteriores, las Fuerzas Armadas llevarán a cabo su tarea de manera eficiente y silenciosa, bajo cualquier condición climática y en cualquier situación, cada movimiento también será un adiestramiento y parte del equipamiento se integrará al inventario. Esperamos que no suceda como en operativos anteriores, donde este esfuerzo se desvaneció en pocos meses debido a la falta de cooperación y la inacción de otros organismos y funcionarios provinciales y federales. (Luis Piñeiro)
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Un radar usado en la operación.
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El ministro saludando a los miembros del operativo.
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