El asesinato de un niño de 12 años en San Bernardo en una encerrona no solo reabrió el debate sobre la responsabilidad penal adolescente, sino que revivió una de las peticiones más recurrentes y polémicas en medio de la crisis de seguridad: el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles.
El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS) —tal como lo hizo el jefe comunal de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), en el 2024— llamó a que los militares colaboraran en el control de la delincuencia, petición que fue respaldada por figuras de su partido, como la timonel y senadora Paulina Vodanovic, y el diputado Raúl Leiva. Sin embargo, desde el Gobierno y el oficialismo, la postura es intransable: no habrá militares que asuman labores de seguridad ciudadana mientras no exista un piso mínimo de apoyo político y certeza jurídica.
Durante el reciente Consejo Social de la UDI, el Presidente José Antonio Kast endureció el tono frente a estas solicitudes y apuntó directamente a los sectores de izquierda que hoy demandan presencia militar. «Lo que no puede ser es que aquellos que denigraban, denostaban a nuestras Fuerzas Armadas y fuerzas policiales, hoy día sean aquellos que dicen que quieren la fuerza militar en la calle», fustigó el Mandatario.
Kast subrayó que cualquier despliegue debe garantizar que los uniformados no terminen desfilando por tribunales. «Si nosotros queremos pedirle a las Fuerzas Armadas su colaboración, tenemos que darles el respaldo y respetarlos como corresponde, no usarlos para fines políticos», sentenció.
En la misma línea, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, calificó la propuesta de la izquierda como una «trampa». El parlamentario criticó que los sectores que piden a los militares no están dispuestos a que estos utilicen su armamento.
«Si la izquierda se compromete a que sacando a los militares a la calle esto es para poder usar la fuerza y que no van a ser procesados y condenados, podríamos conversar. Pero la verdad es que lo que la izquierda propone es que tengamos militares que salgan a la calle, sean héroes por un día y luego estén presos durante 10 años», concluyó.
Mientras el mundo político condiciona el uso de los militares, desde los centros de estudio advierten sobre los peligros técnicos y estratégicos de esta medida. En el panel de conversación de Radioanálisis, el investigador del Instituto Libertad, César Miranda, desestimó la idea de militarizar la seguridad ciudadana, argumentando que las Fuerzas Armadas tienen un rol constitucional claro, preciso y delimitado.
«No puede ser que cada vez que tengamos una crisis de orden público se utilice esto. Las Fuerzas Armadas no son un parche», advirtió Miranda. El analista explicó que el entrenamiento y los protocolos militares están diseñados para la defensa del Estado, siendo completamente distintos a los requeridos para labores policiales.
Para el investigador, la insistencia transversal de alcaldes por sacar a los militares revela la incapacidad del sistema político para alcanzar un consenso serio sobre cómo enfrentar el crimen organizado. «Guste o no, no es la solución ideal para un problema de orden público que requiere otro tipo de estrategias, enfocadas desde lo policial», añadió Miranda.
Miranda fue especialmente crítico respecto a la forma en que Chile legisla sobre seguridad pública. Señaló que el debate se ha vuelto «demasiado coyuntural», pues el sistema solo reacciona ante las tragedias y pierde de vista la planificación estratégica.
«Cuando ocurrieron los asesinatos de carabineros, volvimos a las leyes de protección policial; ahora que sucede esta tragedia de este niño de 12 años, volvemos a la discusión sobre la ley penal adolescente y a cómo vamos a sacar a los militares a la calle», reflexionó el analista.
El investigador del Instituto Libertad diagnosticó un vacío de liderazgo político para proyectar el país y adelantarse a las nuevas amenazas. «El gran desafío de este gobierno radica precisamente en poner en marcha un consenso nacional sobre cómo vamos a tomar y adoptar las medidas de seguridad», aseveró el analista político. Así, relevó la importancia de «pensar el país de aquí a 20 años en temas de seguridad, porque el crimen organizado avanza mucho más rápido que el Estado».
Con Información de radio.uchile.cl
