Renovación Nacional presentó un proyecto de ley que busca sancionar penalmente la explotación sexual, la facilitación de medios tecnológicos o publicitarios para su promoción, y la utilización de bienes inmuebles destinados a estas actividades ilícitas. La iniciativa responde a la necesidad de desarticular los canales de financiamiento de bandas transnacionales que operan en Chile.
La propuesta surge ante la preocupación pública por la penetración de la delincuencia organizada. El catalizador fue la reciente Operación Tokio, una acción policial contra la estructura del Tren de Aragua que evidenció cómo las redes criminales utilizan diversos mercados clandestinos para capitalizar sus operaciones en el país. Según el texto, estas bandas aprovechan la informalidad y la falta de trazabilidad de las transacciones para generar un importante flujo de recursos económicos.
El diagnóstico de la Fiscalía ECOH: Cerrar el mercado ilícito
El proyecto se fundamenta en informes entregados por el Ministerio Público. En relación con las diligencias de la Operación Tokio, Héctor Barros, fiscal jefe del equipo de Emergencias y Crimen Organizado (ECOH), alertó sobre la urgencia de regular y castigar penalmente las conductas relacionadas con el comercio sexual.
Barros señaló que este rubro constituye una de las principales fuentes de ingresos del Tren de Aragua en el país. Según sus argumentos, si el Estado chileno logra cerrar de manera efectiva dicho mercado a las bandas criminales, se anulará de inmediato el interés de estas organizaciones transnacionales por trasladar a personas al país para ejercer la prostitución.
El proyecto de Renovación Nacional plantea un abordaje integral mediante las siguientes medidas en la legislación penal:
En primer lugar, se propone castigar como delito a quienes exploten económicamente las prestaciones o servicios sexuales de otra persona. Asimismo, se tipificará penalmente la conducta de quienes administren o faciliten plataformas digitales, avisos publicitarios o cualquier medio de difusión destinado a ofrecer el comercio sexual ajeno. Por otra parte, se sancionará con cárcel a los sujetos que proporcionen, arrienden o faciliten bienes inmuebles para el desarrollo de estas actividades de explotación. Finalmente, el diseño legal establece una falta penal sujeta a multas económicas para los clientes, es decir, para quienes paguen u ofrezcan dinero a cambio de servicios sexuales de personas adultas.
Persecución financiera y lavado de activos
Un aspecto estratégico del proyecto radica en que incorpora formalmente el delito de explotación económica del comercio sexual ajeno al catálogo de delitos base de lavado de activos. Con esta modificación, las fiscalías especializadas no solo podrán perseguir la flagrancia del acto, sino que contarán con el respaldo jurídico para rastrear, congelar e incautar el dinero y las ganancias patrimoniales obtenidas por las cúpulas delictivas posteriormente.
La iniciativa legislativa cuenta con el respaldo de los diputados Juan Carlos Beltrán, Andrés Celis y Eduardo Durán. Los parlamentarios enfatizaron que el Congreso debe tramitar con máxima celeridad medidas concretas que apunten a asfixiar los recursos de las mafias extranjeras y locales, como único camino para devolver la seguridad a los barrios del país en 2026.
Con Información de radio.uchile.cl
