Luego del operativo policial que logró desmantelar la denominada «Operación Tokyo», una estructura de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua que habría movido aproximadamente $78 mil millones en Chile, el fiscal nacional Ángel Valencia se refirió al debate sobre el levantamiento del secreto bancario y señaló que corresponde al Congreso resolver esta cuestión.
Según la investigación del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios del Ministerio Público, José Carlos Pérez Asencio, empleado del Banco Santander que simultáneamente desempeñaba un cargo en el Banco de Venezuela desde 2012, habría aprovechado sus posiciones para crear cuentas en Banco Falabella y Scotiabank con el propósito de introducir recursos de procedencia ilícita al sistema financiero formal, dinero obtenido mediante extorsiones entre 2022 y 2025.
Ante este caso, académicos y representantes del ámbito político han señalado el levantamiento del secreto bancario como un instrumento esencial para combatir el crimen organizado y rastrear la circulación del dinero.
El fiscal nacional Ángel Valencia expresó al respecto: «Desde el sentido común pareciera que sería más sencillo investigar estos delitos si la Fiscalía pudiera, sin autorización judicial, revisar las cuentas de cualquier persona».
«Del mismo modo como se solicita un certificado de nacimiento o de matrimonio, también revisar qué es lo que hace cualquier persona con su dinero», agregó en una entrevista con radio ADN.
En ese sentido, manifestó que «en el Congreso Nacional es donde tiene que darse la discusión respecto de si queremos vivir en un país como ese y hasta dónde estamos dispuestos a llegar en ese punto».
Indicó que los principales obstáculos para las investigaciones financieras no se encuentran necesariamente en las autorizaciones judiciales, sino en la manera en que las instituciones entregan la información.
«Podríamos avanzar mucho más fácil si pudiéramos revisar muchas cuentas, pero permítanme decirles que nuestra principal dificultad, más que estar relacionada con negativas de los tribunales, tiene que ver con la manera en que se nos entrega la información, los formatos en que se nos entrega y la rapidez con que se nos entrega».
De acuerdo con el jefe del Ministerio Público, esto dificulta más las labores de la Fiscalía que las propias restricciones judiciales, por lo que sería posible justificar «modificar el régimen que hoy día tenemos».
Con Información de radio.uchile.cl
