Durante años, el debate sobre seguridad pública en Uruguay ha girado casi exclusivamente en torno a cifras de homicidios, presupuesto policial o incorporación de nuevos recursos materiales. Sin embargo, mientras esa discusión continúa, las organizaciones criminales han evolucionado hacia estructuras cada vez más adaptativas, con capacidad para controlar territorios, administrar economías ilícitas, reclutar jóvenes, acceder a armamento moderno y establecer vínculos con redes criminales internacionales.
El verdadero desafío quizás ya no sea preguntarse cuántos policías o soldados tiene el país, sino cuál es la capacidad estratégica del Estado para enfrentar un fenómeno criminal que dejó de ser un problema exclusivamente policial.
Se propone definir la Capacidad Estratégica del Estado como el conjunto integrado de recursos humanos, tecnológicos, institucionales, jurídicos y operacionales que permiten prevenir, detectar, intervenir y recuperar el control efectivo del territorio frente a amenazas complejas.
No se trata únicamente de contar efectivos ni de adquirir más vehículos o construir nuevas comisarías. Se trata de evaluar si el Estado es capaz de observar antes que el adversario, comprender más rápido lo que sucede y actuar con suficiente velocidad y coordinación para impedir que las organizaciones criminales consoliden espacios de poder. La capacidad estratégica depende tanto de la inteligencia y la tecnología como de la cantidad de personal disponible.
En términos generales, Uruguay cuenta con la Policía Nacional con alrededor de 31.000 efectivos, la Guardia Republicana con aproximadamente 1.300 efectivos especializados, el GOE y otras unidades tácticas con varios cientos de operadores altamente entrenados, el Ejército Nacional con alrededor de 15.000 integrantes, la Armada Nacional con aproximadamente 5.000 efectivos y la Fuerza Aérea Uruguaya con cerca de 3.000 efectivos.
En conjunto, Uruguay dispone de un aparato estatal cercano a los 54.000 hombres y mujeres dedicados a funciones policiales y militares. Vista aisladamente, la cifra resulta significativa para un país de poco más de tres millones de habitantes.
Sin embargo, esa fotografía es incompleta. Buena parte de ese personal cumple funciones administrativas, educativas, logísticas, sanitarias, de mantenimiento, vigilancia de fronteras, custodia de instalaciones, operaciones internacionales, apoyo a la población y numerosas tareas alejadas del enfrentamiento directo contra el crimen organizado. Por ello, la verdadera capacidad operativa disponible es necesariamente menor que el número total de efectivos.
Las organizaciones criminales tampoco pueden medirse únicamente por la cantidad de personas armadas. Hoy constituyen verdaderos ecosistemas donde junto a quienes dirigen las estructuras aparecen vendedores, distribuidores, sicarios, campanas, cobradores, transportistas, administradores de bocas, proveedores de armas, financistas, lavadores de activos y colaboradores ocasionales.
A partir de investigaciones académicas, información pública y análisis comparados, puede estimarse que el ecosistema criminal organizado en Uruguay podría involucrar aproximadamente entre 7.500 y 10.500 personas, distribuidas en organizaciones de distinto tamaño. Dentro de ese universo también participan operadores extranjeros vinculados a organizaciones brasileñas, balcánicas, colombianas y otras redes transnacionales, cuyo peso estratégico suele ser muy superior a su número.
Lo importante no es únicamente cuántos son, sino que funcionan como redes adaptativas.
Tradicionalmente se compara al Estado con el crimen organizado preguntando quién posee más hombres o más armas. Esa comparación pertenece al siglo pasado. Hoy la comparación debería realizarse entre capacidades, evaluando elementos como inteligencia, tecnología, movilidad, comunicaciones, recursos financieros, control territorial, adaptación, reclutamiento y logística.
Bajo esta perspectiva, el enfrentamiento deja de ser exclusivamente policial y pasa a ser un problema de competencia estratégica. La organización que observa primero, comprende primero y actúa primero obtiene ventajas.
La principal enseñanza que dejan Ecuador, Brasil, Colombia, México e incluso algunos barrios de Montevideo es que el objetivo último del crimen organizado no consiste solamente en vender drogas, sino en controlar territorio. Quien controla el territorio controla también la intimidación, el reclutamiento, la circulación de armas, las economías ilegales y, en algunos casos, hasta determinadas formas de gobernanza informal.
Uruguay comienza a desarrollar distintas herramientas complementarias. Programas sociales como Más Barrio buscan recuperar la presencia integral del Estado. Operaciones como Dominio procuran recuperar el control físico del territorio mediante patrullaje intensivo. Mientras que estrategias apoyadas en inteligencia, como Atenea, intentan anticipar la violencia actuando sobre actores previamente identificados. No son políticas aisladas. Vistas estratégicamente representan diferentes dimensiones de una misma necesidad: impedir que el crimen organizado sustituya al Estado en determinados espacios.
La seguridad pública del siglo XXI ya no puede medirse únicamente por la cantidad de policías disponibles. Debe evaluarse por la capacidad del Estado para integrar inteligencia, tecnología, movilidad, coordinación institucional, recuperación territorial y legitimidad social.
El crimen organizado evoluciona con rapidez, aprende, innova y se adapta. Si el Estado pretende mantener la iniciativa deberá evolucionar al mismo ritmo.
Quizás la pregunta correcta ya no sea si se necesitan más policías, más soldados o más patrulleros. La verdadera pregunta es: ¿está aumentando la capacidad estratégica del Estado más rápido de lo que aumenta la capacidad estratégica del crimen organizado? La respuesta a esa pregunta probablemente defina el futuro de la seguridad pública en Uruguay mucho más que cualquier estadística aislada.
Con Información de revistaseguridad.cl
