El Gobierno consolidó este jueves su reorientación desde lo económico hacia la seguridad con la presentación detallada de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Los parlamentarios del oficialismo recibieron con entusiasmo el paquete de medidas y propusieron un «fast track legislativo», mientras que la oposición cuestionó la ausencia de medidas como el levantamiento del secreto bancario.
La ACOT comprende más de 30 proyectos de ley que serán presentados en los próximos meses, incluyendo una reforma constitucional para incluir el resguardo de la seguridad pública como deber del Estado.
A iniciativas ya en tramitación, como las mejoras salariales a Carabineros y el fortalecimiento de la Ley Naín Retamal, se sumarán otras: la modificación de la Ley Antibarricadas, leyes de reforma a Gendarmería y a la Policía de Investigaciones, la creación de una nómina nacional de organizaciones criminales y un proyecto para establecer un nuevo estado de excepción constitucional.
El detalle de la agenda fue presentado este jueves en la Escuela de Carabineros. El Presidente José Antonio Kast expresó confianza en que las iniciativas generarán consenso. «Nadie es dueño de la verdad, pero todos sabemos el sufrimiento que hoy día existe en Chile. Los invito a discutir esto con altura de miras y las diferencias se zanjarán como siempre, votando. Estoy seguro de que en esto vamos a tener más coincidencias que diferencias», sostuvo.
Parlamentarios oficialistas valoraron la presentación. La bancada de Renovación Nacional, liderada por el diputado Diego Schalper, propuso un «fast track legislativo», idea acogida por la presidenta del Senado Paulina Núñez. «Si tenemos que citar a sesiones especiales para avanzar en esta agenda lo vamos a hacer», indicó la senadora. Núñez agregó que hace dos meses un grupo transversal de senadores había planteado un fast track legislativo en materia de seguridad.
El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, también se comprometió a dar celeridad a la tramitación de la ACOT y realizar los mayores esfuerzos para aprobar los proyectos antes de navidad. «Nos hemos reunido con los presidentes de las comisiones que van a ver esto y por supuesto que la meta de antes de navidad es para que sea ley. Para que eso ocurra tiene que pasar en estos dos meses por la Cámara, dos meses por el Senado, luego tercer trámite y promulgación. Así que nos pone una meta difícil el Presidente de la República, pero es la prioridad nacional», expresó.
Desde la oposición, el principal cuestionamiento fue la ausencia de medidas como el levantamiento del secreto bancario. El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, señaló que dicha medida fue el «gran ausente» de esta reforma de seguridad. Subrayó que «no se puede perseguir la ruta del dinero y no se puede atacar el corazón del crimen organizado, si no debilitamos su poder económico». «Desconozco las razones políticas por las cuales el Gobierno ha decidido abiertamente dejar fuera esta medida tan solicitada desde la oposición. Espero que la logren incorporar», instó.
Soto expresó además que no le parece del todo adecuado combinar propuestas contra el crimen organizado con otras relacionadas a actos vandálicos. «Desde esa perspectiva esperamos que el Gobierno no intente pasarse de listo, al igual que en otros proyectos como Escuelas Protegidas, o el Registro de Vándalos, que son hacer un rayón de pintura a los derechos sociales», acusó.
En similar línea, el jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, remarcó que «nada que ver la Ley Antibarricadas con la persecución del crimen organizado». Para el diputado, el Ejecutivo «sigue confundiendo la clara distinción que debe existir entre control de orden público y seguridad pública». Leiva argumentó que esto ocurre porque «quieren mantener un clima polarizado» y agregó que «mientras yo estoy regulando la Ley Antibarricadas, hoy día se están lavando activos por cientos de millones de dólares. Es ahí donde hay que colocar la prioridad».
Leiva también puso en duda la reforma constitucional del Gobierno, argumentando que el «resguardo a la seguridad nacional y la protección de las familias» ya son parte de la Constitución. «Es un término omnicomprensivo donde cabe todo. No perdamos tiempo en dar señales», emplazó.
Con Información de radio.uchile.cl
