Como alternativa para reforzar la seguridad pública, se planteó la posibilidad de capacitar a funcionarios de las Fuerzas Armadas que se retiran anticipadamente e incorporarlos a labores de seguridad, pero fuera de la estructura militar. Esta opción fue considerada como una buena alternativa que merece ser estudiada.
Respecto al despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público, se expresó distancia con esa posibilidad, señalando que recurrir a ellas «en principio no me gusta. Si es que se recurre debería ser muy excepcional».
Se manifestó una preocupación similar frente a la creación de un nuevo estado de excepción constitucional. Se argumentó que este tipo de herramientas permite restringir libertades fundamentales y se defendió que cualquier ampliación de las facultades presidenciales debe acompañarse de mecanismos de control democrático.
Se advirtió especialmente sobre el riesgo de que estas atribuciones queden concentradas en una sola autoridad, incluso por períodos acotados. «Estos estados de excepción que puede gatillar, aunque sea por 10, 15 días, solo el Presidente de la República, son muy peligrosos, porque se pueden usar indebidamente», se indicó. Se añadió que «puede haber un presidente no muy criterioso, no muy democrático, y usted puede, a través de esos instrumentos, pasar a regímenes autoritarios».
En materia penitenciaria, se valoró la posibilidad de segmentar a la población penal, vinculando la medida con el crecimiento de las condenas y el deterioro de las condiciones carcelarias. Se señaló que el sistema terminó reuniendo en un mismo espacio a personas condenadas por delitos de distinta gravedad junto a integrantes de organizaciones criminales. «Los delincuentes de delitos chicos, medianos y grandes, los metimos en el saco con los avezados delincuentes dueños de organizaciones criminales», se describió.
El problema radica en que esa convivencia puede terminar facilitando la incorporación de nuevos integrantes a estructuras delictivas. Por eso se ilustró el efecto de las cárceles sobre la formación de quienes ingresan por delitos de menor entidad. «Esto fue una universidad, maestría, digamos, doctorado en delito», se resumió.
Respecto del eventual listado de organizaciones criminales y terroristas que prepara el Ejecutivo, no se cerró la puerta a entregar nuevas herramientas al Estado, aunque se insistió en que estas deben estar acompañadas de límites y fiscalización entre los distintos poderes. «Yo no me opongo a eso a la medida que sea excepcional y que haya control democrático», se planteó.
Con Información de radio.uchile.cl
