El Presidente José Antonio Kast presentó la Operación Cancerbero como «un día histórico, porque a partir de hoy comienza un cambio de mano». La iniciativa, transmitida en vivo desde el Gobierno, contó con el liderazgo de Gendarmería y apoyo de la PDI para ejecutar un traslado masivo de reclusos desde Santiago hacia la cárcel La Laguna en Talca.
Durante el operativo realizado este jueves se trasladaron 687 personas, entre ellas integrantes de organizaciones de crimen organizado —nueve de ellos líderes— e internos con alto compromiso delictual y especial peligrosidad. Los reclusos provenían de diversos recintos penitenciarios ubicados en Arica, Tarapacá (Alto Hospicio), Metropolitana (Puente Alto, Colina 1 y Colina 2), Los Lagos (Puerto Montt) y el complejo penitenciario REPAS, entre otros.
Desde la coalición oficialista celebraron la operación por reproducir el «estilo Bukele», mientras que la oposición cuestionó el operativo por las mismas razones.
Mauricio Flores, coordinador de la ONG Leasur, expresó su crítica al respecto: «Creemos que toda seguridad penitenciaria debe ser una política pública, no un espectáculo ni un show mediático. Un Estado democrático no demuestra su fortaleza exhibiendo a personas privadas de libertad como parte de su política de seguridad».
En declaraciones a Radio y Diario Universidad de Chile, Flores reconoció que es legítimo informar sobre traslados penitenciarios, aspecto que incluso demandan las organizaciones defensoras de derechos. Sin embargo, aclaró que «lo que es cuestionable es que esto se transforme en una operación de seguridad puesta en escena, que hayan cámaras, imágenes de cientos de internos y una narrativa centrada en la peligrosidad. Acá la seguridad penitenciaria exige un control, un rigor, una autoridad y también exige límites».
El coordinador de Leasur cuestionó además si se evaluó la capacidad del recinto destinatario respecto a condiciones de salud, alimentación, estado de los módulos, protocolos de emergencia y riesgos, considerando que se trata de internos de alta peligrosidad provenientes de diferentes regiones. Flores se planteó la interrogante: «¿Irán a llegar bandas rivales?»
Flores subrayó la necesidad de transparencia en el proceso y destacó el impacto en las familias de los trasladados: «En pro también de las familias, acá no hay que olvidar que las personas privadas de libertad de por sí son personas más vulnerables y la familia también sufre la condena de estas personas. Gente que tenía su familia en Santiago ahora va a tener que empezar a desenvolver dinero para poder viajar constantemente a Talca».
Con Información de radio.uchile.cl
