El Servicio Nacional de Aduanas realiza una fiscalización del 100% de la carga a nivel documental mediante la revisión de papeles y manifiestos de aduana. Sin embargo, la inspección física a través de Tecnologías No Invasivas, como camiones escáner o portales de rayos X, es selectiva y se prioriza mediante inteligencia de datos, matrices de riesgo y perfiles sospechosos.
Las deficiencias operativas en la cadena logística portuaria han generado un intenso debate sobre seguridad e inteligencia aduanera. Ante la presión del crimen organizado, se presentó en el Senado la Iniciativa de Ley sobre Seguridad Portuaria y Logística, un proyecto que busca establecer un nuevo marco de exigencias en trazabilidad, gestión de riesgos, coordinación interinstitucional y responsabilidad penal para las infraestructuras de comercio exterior.
En los principales recintos portuarios de Chile, históricamente se fiscaliza físicamente o se somete a tecnología no invasiva únicamente entre un 3% y un 3,5% de la carga total. El resto transita bajo esquemas de revisión documental o perfilamiento de riesgo previo.
El país cuenta con aproximadamente 9 camiones escáner operados por el Servicio Nacional de Aduanas. Varios de estos equipos han experimentado fallos técnicos prolongados o han debido reubicarse para atender contingencias en puertos de alto flujo como San Antonio.
Expertos en seguridad y gremios de la logística estiman que Chile debería disponer de al menos 15 a 20 equipos de escaneo no invasivo desplegados de forma permanente. Esto aseguraría una cobertura continua en los principales nodos marítimos como San Antonio, Valparaíso, Iquique y Talcahuano, así como en pasos fronterizos terrestres estratégicos.
En el Puerto de San Antonio, el principal terminal del país, el uso y la eficiencia de los camiones escáner aumentó significativamente en los últimos años, con incrementos reportados de más del 140% en las revisiones de contenedores, buscando mitigar las brechas de fiscalización frente al comercio exterior masivo.
La iniciativa legal propone convertir los puertos en recintos de especial riesgo logístico. Para ello, busca obligar a las empresas del sector a implementar modelos estrictos de prevención de delitos, garantizar la trazabilidad digital de contenedores y permitir la transmisión de datos operativos en tiempo real entre las policías, la Autoridad Marítima y Aduanas.
Con Información de revistaseguridad.cl
