El comercio ambulante ha formado parte del paisaje urbano chileno durante varias décadas, representando en muchos casos una respuesta a la falta de empleo y oportunidades económicas. No obstante, junto a esta realidad social se ha desarrollado un fenómeno más complejo: la utilización del comercio ambulante ilegal por organizaciones que generan ganancias mediante la ocupación irregular del espacio público.
Esta distinción resulta fundamental. No se trata únicamente de analizar a quienes venden para subsistir, sino de comprender de qué manera ciertos grupos transforman las calles en mercados ilegales donde operan reglas específicas, jerarquías, cobros y sistemas de control que difieren sustancialmente de la informalidad tradicional.
La experiencia internacional demuestra que el comercio ambulante ilegal puede convertirse en una economía criminal cuando determinadas organizaciones controlan quién puede instalarse, cuánto debe pagarse por ocupar un espacio, qué productos se comercializan y quién suministra esa mercancía. En estos escenarios, la vereda deja de ser un simple lugar de venta y se transforma en un territorio administrado por estructuras que funcionan fuera de la ley.
A esto se añaden otros fenómenos igualmente preocupantes. Gran cantidad de productos comercializados ilegalmente proviene del contrabando, la falsificación de marcas, la receptación de especies robadas o el ingreso irregular de mercancías. En otros casos, estos espacios facilitan la venta de productos sin control sanitario, medicamentos falsificados, cigarrillos de contrabando y otras mercancías cuya trazabilidad es prácticamente imposible.
La comparación internacional también evidencia que estas economías ilícitas rara vez funcionan de forma aislada. Típicamente se relacionan con redes dedicadas al lavado de activos, tráfico de drogas, evasión tributaria, corrupción, explotación laboral y otras actividades criminales que utilizan el comercio ambulante como fuente permanente de financiamiento.
En Chile, diversas intervenciones realizadas por policías, municipios y organismos fiscalizadores han detectado estructuras que exceden ampliamente la venta informal individual. La presencia de bodegas clandestinas, distribución organizada de mercancías, ocupación permanente de sectores específicos y cobros ilegales por el uso del espacio público evidencian un grado de organización incompatible con la simple informalidad.
La cooperación policial internacional ha permitido observar que las organizaciones criminales transnacionales suelen incorporar el comercio ambulante ilegal dentro de un modelo más amplio de economías ilícitas. No solo obtienen recursos económicos, sino que también fortalecen su presencia territorial, generan redes de apoyo y consolidan mecanismos de control sobre determinados sectores urbanos. Por esa razón, limitar la discusión al retiro de puestos o al decomiso de mercadería resulta insuficiente. La intervención del espacio público constituye únicamente la parte visible del problema. Una respuesta integral requiere investigar las cadenas de abastecimiento, identificar a quienes financian estas estructuras, perseguir el patrimonio obtenido ilícitamente, fortalecer los controles aduaneros y desarrollar una coordinación permanente entre municipios, policías, fiscalías, servicios tributarios y organismos fiscalizadores.
La recuperación del espacio público no constituye únicamente una medida de orden urbano. Representa una forma de recuperar la autoridad del Estado. Cuando una comunidad percibe que una vereda, una plaza o una calle dejan de pertenecer a todos para quedar bajo el control de grupos que imponen sus propias reglas, comienza a debilitarse uno de los principios fundamentales de la convivencia democrática: que el espacio público pertenece a la ciudadanía y su administración corresponde únicamente a las instituciones legítimamente establecidas.
El comercio ambulante ilegal no solo ocupa un espacio físico. En algunos casos, también ocupa el espacio que el Estado dejó de controlar. Y cuando la ilegalidad comienza a administrar las calles, recuperar la autoridad resulta mucho más complejo que haber impedido su pérdida desde el principio.
Con Información de revistaseguridad.cl
