La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo presentada por el Gobierno responde a una preocupación legítima de la ciudadanía, pero concentra sus esfuerzos en una reforma constitucional de carácter punitivo, amplía facultades excepcionales y deja en segundo plano aspectos esenciales como la prevención, la inteligencia económica, la reinserción social y la implementación de las leyes ya aprobadas.
La seguridad pública constituye desde hace varios años una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. El temor de las personas no surge solamente de percepciones subjetivas: también responde al aumento de la violencia, la presencia territorial de organizaciones criminales y la aparición de delitos más complejos.
Por ello, resulta necesario que el Gobierno defina sus prioridades y proponga medidas concretas. Sin embargo, una política de seguridad eficaz no puede construirse únicamente desde la urgencia comunicacional, la acumulación de leyes o la expansión de las atribuciones coercitivas del Estado.
La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, ACOT, anunciada por el Presidente José Antonio Kast, contempla 19 proyectos actualmente en tramitación, nueve nuevas iniciativas legales y una reforma constitucional denominada «Pro Seguridad».
Se trata de una agenda amplia y ambiciosa. No obstante, hasta ahora carece de una hoja de ruta legislativa que permita conocer sus prioridades, urgencias, plazos y mecanismos para alcanzar acuerdos. El Gobierno ha fijado como objetivo general aprobarla antes de Navidad, pero sin explicar cómo se tramitarán cerca de 30 iniciativas en un periodo tan breve ni cuáles serán sus efectos presupuestarios y operativos.
El punto más controvertido de la ACOT es la reforma constitucional. La propuesta busca incorporar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado, crear una nómina de organizaciones vinculadas al crimen organizado y al terrorismo, establecer regímenes penitenciarios especiales y habilitar un nuevo estado de excepción constitucional por grave alteración de la seguridad pública.
El primer problema es que la Constitución ya contempla herramientas para enfrentar alteraciones graves del orden público, proteger la infraestructura crítica y resguardar zonas fronterizas. El Gobierno no ha demostrado qué actuación indispensable se encuentra actualmente impedida por falta de atribuciones constitucionales.
La creación de un nuevo estado de excepción tampoco puede analizarse como una modificación menor. La causal asociada a un «territorio afectado por la criminalidad» resulta demasiado amplia. No se precisa qué nivel de criminalidad justificaría la medida, quién debería acreditarlo, cuáles serían sus límites geográficos ni qué indicadores permitirían ponerle término.
El crimen organizado, a diferencia de una catástrofe o una conmoción temporal, es un fenómeno persistente. Por eso, una causal formulada en términos tan generales podría transformar una herramienta excepcional en un régimen ordinario y prolongado.
La propuesta también permitiría que el Presidente mantuviera vigente este estado de excepción durante 60 días sin intervención del Congreso, duplicando el periodo unilateral que actualmente contempla el estado de emergencia.
Avanzar en seguridad no requiere constitucionalizar medidas que pueden ser reguladas mediante leyes y sometidas a controles institucionales. Mucho menos si la reforma abre nuevamente la discusión sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas permanentes de seguridad interior.
Otro aspecto especialmente preocupante es la posibilidad de impedir, durante el cumplimiento de una condena y por 15 años adicionales, el acceso a prestaciones estatales en salud, educación, trabajo y seguridad social a personas condenadas por determinados delitos.
La medida produciría una evidente desigualdad. Una persona con recursos podría continuar pagando por prestaciones privadas, mientras aquella que depende de los servicios públicos quedaría excluida de derechos sociales esenciales incluso después de haber cumplido su pena.
Además de su carácter discriminatorio, esta propuesta podría perjudicar los propios objetivos de seguridad. Una persona privada de acceso a la salud, la educación, el empleo o la seguridad social enfrenta mayores obstáculos para reinsertarse y mayores probabilidades de reincidir o volver a ser reclutada por organizaciones delictivas.
El Estado no combate eficazmente al crimen organizado creando las condiciones sociales para que este siga incorporando personas a sus redes.
La ACOT confunde en distintos momentos la contundencia de los anuncios con el fortalecimiento efectivo del Estado. La seguridad no mejora por reiterar en la Constitución obligaciones que ya existen, aumentar penas de manera general o agregar nuevas leyes sin garantizar su implementación.
Durante la administración anterior se aprobaron más de 70 iniciativas relacionadas con seguridad. Antes de iniciar otro ciclo legislativo, el Ejecutivo debería informar cuáles de esas normas todavía carecen de reglamentos, financiamiento, personal, infraestructura o capacidades operativas.
También debería presentar una evaluación de los resultados alcanzados y señalar qué dificultades han impedido aplicar adecuadamente las nuevas herramientas.
El país necesita policías profesionalizadas, controles internos eficaces, coordinación entre instituciones, cárceles sin control de organizaciones criminales, información interoperable y mecanismos permanentes de evaluación. Nada de aquello se reemplaza mediante una reforma constitucional.
Una de las mayores debilidades de la agenda es su escasa atención a la estructura económica del crimen organizado.
Las organizaciones criminales no operan solamente mediante actos violentos. Necesitan financiarse, lavar dinero, adquirir bienes, establecer redes logísticas, corromper funcionarios, controlar territorios y ocultar patrimonios.
Por eso, una estrategia integral debe fortalecer la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio Público y las capacidades policiales para realizar investigaciones patrimoniales. También requiere poner en funcionamiento la Fiscalía Supraterritorial, mejorar el acceso legal y controlado a información bancaria y prevenir la cooptación de policías, Gendarmería y otros organismos públicos.
La anunciada creación de una agencia para decomisar, destruir y vender bienes ilícitos puede ser discutida, pero debe justificarse frente a las atribuciones que ya poseen el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, la Dirección General del Crédito Prendario y la Unidad de Análisis Financiero.
El propósito no debe limitarse a incautar bienes. Es necesario recuperar recursos y destinarlos, con transparencia y control, a las comunidades afectadas por la violencia y el crimen organizado.
La ACOT tampoco entrega suficiente importancia a la prevención social, la rehabilitación y la reinserción.
Particularmente grave es la ausencia de programas destinados a impedir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por organizaciones criminales. Las bandas se aprovechan del abandono escolar, la precariedad, la violencia intrafamiliar, la debilidad de las redes comunitarias y la falta de presencia estatal.
Tipificar el reclutamiento de menores constituye un avance insuficiente si no va acompañado de políticas que protejan efectivamente a quienes están en riesgo.
La propuesta de ampliar el tratamiento penal de adolescentes también debe ser examinada con cuidado. Tratar a jóvenes como adultos puede aumentar su contacto con redes criminales, disminuir sus posibilidades de rehabilitación y contradecir el reconocimiento de que muchos de ellos son víctimas de reclutamiento.
La prevención no es una concesión frente a la delincuencia. Es una dimensión estratégica de cualquier política de seguridad que aspire a reducir sostenidamente la violencia.
La ACOT no debe aprobarse ni rechazarse como un solo bloque. Existen proyectos que podrían fortalecer capacidades reales del Estado, como la modernización de las carreras de Carabineros y la Policía de Investigaciones, la nueva ley orgánica de Gendarmería, la mejora de los mecanismos de rendición de cuentas y el perfeccionamiento de la seguridad municipal.
Pero estas iniciativas requieren financiamiento, dotaciones suficientes, formación profesional, controles internos, metas verificables y rendición pública de resultados.
Otras propuestas exigen una discusión más cuidadosa. Entre ellas se encuentran la ampliación de la flagrancia de 12 a 24 horas, la retención migratoria hasta por 180 días, el juicio oral en ausencia, la eliminación del requisito de violencia en la Ley Antibarricadas y el control de identidad realizado por las Fuerzas Armadas durante estados de excepción.
La migración irregular no equivale a pertenecer a una organización criminal. Del mismo modo, los problemas de orden público no pueden confundirse automáticamente con el terrorismo o el crimen organizado. Mezclar fenómenos diferentes puede estigmatizar comunidades, debilitar garantías y distraer recursos que deberían concentrarse en las estructuras criminales de mayor peligrosidad.
Chile necesita una política de seguridad firme, moderna y capaz de producir resultados. Pero la firmeza no consiste en debilitar los controles democráticos ni en convertir medidas excepcionales en permanentes.
Una política efectiva debe combinar persecución penal, inteligencia financiera, prevención social, protección de la infancia, control penitenciario, reinserción y fortalecimiento institucional.
La oposición tiene la responsabilidad de respaldar las iniciativas que mejoren verdaderamente las capacidades del Estado, corregir aquellas que presenten deficiencias y rechazar las medidas que introduzcan restricciones desproporcionadas o amenacen los equilibrios del Estado de derecho.
El debate no puede reducirse a estar a favor o en contra de la seguridad. La verdadera discusión es qué medidas son eficaces, cuáles respetan la democracia y qué capacidades necesita el Estado para enfrentar organizaciones criminales cada vez más complejas.
Acumular leyes puede producir titulares. Implementarlas, evaluarlas, seguir el dinero y prevenir el reclutamiento criminal es lo que puede producir seguridad.
Con Información de elradar.cl
