La reforma constitucional en seguridad no ha logrado generar consenso ni dentro de la oposición ni en el oficialismo. Desde sectores progresistas se ha cuestionado las intenciones del Gobierno, calificándolas como una «operación política» destinada a poner a la oposición en una posición difícil. Mientras tanto, los líderes del oficialismo trabajan para ordenar sus filas y resolver los aspectos más controvertidos de la iniciativa.
El proyecto presentado por el Gobierno propone incorporar a la seguridad pública como un deber adicional del Estado en la Constitución, restringir el acceso a prestaciones sociales para personas vinculadas al crimen organizado e instaurar un nuevo estado de excepción constitucional que permitiría limitar libertades personales por un período que podría extenderse hasta 240 días.
Ante las críticas generalizadas de diversos sectores, el senador del Partido Socialista Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Seguridad, señaló que se trata de un proyecto sin respaldo político que fue presentado únicamente para evadir el control del Tribunal Constitucional.
«Estamos frente al peor debut que pudo tener el Gobierno para una reforma estrella, que pretendía imitar la megarreforma económica y que hoy día tiene una piscina sin agua. Hasta el Partido Libertario ha anunciado su crítica y su rechazo, y en la izquierda hay una franja transversal que yo no había visto», comentó Castro.
El legislador agregó: «Nunca un proyecto que lleva un día había concitado tal nivel de repudio. Este es un error político y la manera en que está planteada la reforma augura que tendrá un fracaso precipitado».
Por su parte, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social Jaime Mulet, quien preside la Comisión de Constitución, describió la reforma como una «operación política» del Gobierno destinada a responsabilizar posteriormente a la oposición por no comprometerse genuinamente con la seguridad.
Mulet señaló que ninguna persona con convicciones democráticas podría aprobar el nuevo estado de excepción propuesto o las restricciones para personas vinculadas al crimen organizado, que podrían dejarlos sin acceso a derechos esenciales.
«Lo que busca el Gobierno es que se rechace y responsabilizar a los que rechacen. Decir: ‘No podemos avanzar en seguridad porque el Congreso, o la oposición, o parte incluso de la derecha, no nos da la autorización legal para avanzar’. Eso es maquiavélico», opinó Mulet.
En el oficialismo, los líderes de bloque intentaron controlar los cuestionamientos a la reforma. El diputado Diego Schalper, jefe de bancada de Renovación Nacional, reconoció que no estuvo de acuerdo con los primeros borradores de la iniciativa. Sin embargo, hizo un llamado a su sector para que canalicen las críticas a través de indicaciones.
«Lo que nos corresponde a todos acá en el Congreso es poner de nuestra parte para viabilizar la agenda de seguridad incluyendo, por supuesto, la reforma constitucional que se ha presentado. Yo puedo entender que algunos tengan distintas opiniones, pero lo que no puedo entender, especialmente viniendo de diputados oficialistas, es que no entiendan que nuestra responsabilidad es sacar adelante esta agenda», indicó.
«Si alguien tiene alguna observación que hacer, yo le recuerdo a los parlamentarios que nuestra tarea no es hacer comentarios, sino que es hacer indicaciones», sostuvo Schalper.
El diputado Benjamín Moreno, jefe de bancada del Partido Republicano, optó por minimizar las diferencias internas del oficialismo. Según el parlamentario, existe alta probabilidad de que tanto la derecha como el Socialismo Democrático terminen apoyando la reforma constitucional.
«Veo bastante improbable que alguien se reste de avanzar en un régimen de seguridad carcelario importante como el que se está aplicando en la cárcel de Talca. Yo creo que acá es bien improbable que alguien diga: ‘Me parece fantástico que Gendarmería no pueda segregar’. Más allá de comentarios puntuales, creo que vamos a encontrar un buen camino de encuentro entre el oficialismo y quienes quieran cooperar para recuperar la seguridad», opinó Moreno.
El analista político y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, se refirió a las motivaciones del Gobierno para presentar la reforma constitucional en seguridad, a pesar de no contar aparentemente con los votos suficientes para su aprobación en el Congreso.
Duval mencionó varios factores, entre ellos la intención del Ejecutivo de recuperar la agenda y trasladarla desde el ámbito económico al de seguridad: «El Gobierno quiere recuperar la agenda y en esa posición, de recuperar, coloca estas iniciativas a sabiendas de que tiene a la opinión pública, entre comillas, a su favor».
En esa línea, el analista observó que tanto la Operación Cancerbero —que implicó el traslado de cientos de reos a la cárcel La Laguna en Talca— como la reforma constitucional, no fueron mensajes dirigidos a la política, sino a los «votantes obligados, para aquellos que entraron a definir y que son los que le dieron el respaldo en segundo vuelta».
Duval aludió a una estrategia de La Moneda que incluye poner a la oposición en una encrucijada y estar constantemente corriendo el cerco. «El Gobierno no socializa mucho sus propuestas con los partidos que lo acompañan, y esta no es la primera vez, confía en que el oficialismo se va a allanar», indicó.
El analista expuso que el sector que representa la administración del Presidente Kast utilizó una estrategia similar en el Consejo Constitucional: «Colocaban un tema y después se iba desgajando de a poco, para luego salir con algo un poquito menos profundo. Me parece que esa es la estrategia que tiene el Gobierno frente a este tema».
Con Información de radio.uchile.cl
