A pesar de los cuestionamientos sobre la reforma constitucional en seguridad, el Gobierno ha mantenido su insistencia en la iniciativa. Este lunes, además de llevar a cabo un intenso calendario de reuniones con parlamentarios del oficialismo y la oposición, anunció el retiro de la urgencia con la que el proyecto se discute en el Congreso.
El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, confirmó la noticia en la tarde y señaló que el retiro de la urgencia «es el reflejo de la disposición y la voluntad del Gobierno, para escuchar, recibir las propuestas y tener un tiempo de análisis en el lugar que corresponde, que es el Congreso Nacional».
El Ejecutivo había dado indicios previos de disponibilidad para modificar la iniciativa. En una entrevista con Radio Pauta, el Presidente José Antonio Kast afirmó «no tener problema» con un posible cambio a la medida más polémica de la reforma: el nuevo estado de excepción constitucional.
Consultado sobre el mismo punto, Alvarado evitó hacer una autocrítica respecto al texto presentado ante el Congreso y enfatizó que observó disposición de los partidos oficialistas para «perfeccionar» la iniciativa.
Los presidentes de las colectividades oficialistas asistieron el lunes a un almuerzo en La Moneda, donde sostuvieron diálogos con Alvarado, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, y el ministro de Seguridad, Martín Arru.
Tras el encuentro, el biministro expresó que observó «un compromiso efectivo de los partidos para sacar adelante esta agenda de seguridad» y agregó que existe «disposición para contribuir a perfeccionar y a mejorar la reforma».
El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz Coke, no asistió a la reunión. Días antes había generado controversia al señalar que la reforma constitucional del Gobierno «raya en lo iliberal». A La Moneda llegó la secretaria general de Evópoli, Macarena Cornejo, quien no ofreció certezas sobre un cambio de postura en el partido. Cornejo indicó: «Nosotros hemos trabajado en una conversación muy sincera con el ministro del Interior, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia y también con el ministro Martín Arrau. En base a eso seguiremos trabajando con el resto de los partidos».
La senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, también había expresado importantes dudas sobre la reforma constitucional y se sumó a la apreciación de Cruz Coke sobre su carácter «iliberal». Sin embargo, a su salida de La Moneda, recalcó que observó buena disposición del Gobierno para modificar los aspectos que le preocupan de la reforma constitucional.
Balladares afirmó: «Lo que nosotros hemos dicho es que teníamos dudas importantes de varias de las medidas, sobre cuál era necesaria, cuál era el objetivo y eso lo teníamos que trabajar durante esta semana. En la reunión de hoy día, hemos partido esas conversaciones con una muy buena disposición de los tres ministros que nos acompañaron».
Se mostraron más optimistas los presidentes del Partido Republicano, Arturo Squella, y de la UDI, Guillermo Ramírez, quienes han expresado un apoyo más contundente a la reforma constitucional. Ramírez señaló que se impulsará una «agenda robusta, amplia y dura» en materia de seguridad y que «donde se requiera reforma constitucional va haber reforma constitucional».
El diputado gremialista acotó: «Ni más ni menos que eso. Lo suficientemente grande para poder llevar adelante esta agenda, pero también acotada a esos temas y exclusivamente a esos temas, porque lo que no queremos hacer es abrir una discusión constitucional».
En la misma línea, Ramírez envió un mensaje a los parlamentarios de izquierda: «No adelanten juicios respecto a lo que van a hacer con la reforma constitucional, porque aquí van a haber cambios que van a ser sensatos, razonables, cuyo único objetivo va a ser habilitar la aprobación de los proyectos de ley que hoy día la ciudadanía reclama».
Además de reunirse con sus aliados políticos, el Gobierno también se citó con la oposición. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se reunió con el ministro de la Segpres, José García Ruminot, pero el encuentro no modificó su evaluación de la reforma constitucional.
Para Vodanovic, se trata de una «reforma que es innecesaria y que atenta contra los límites de la democracia, contra la protección de los derechos de los chilenos y chilenas». Expresó: «Frente a eso, nuestra posición no puede ser otra que rechazar esta reforma. Así se lo he reiterado al ministro de la Segpres, al ministro García Ruminot, aunque agradezco la posibilidad de que me haya recibido».
Previamente, en un punto de prensa conjunto entre el PS, el Partido Comunista, el Frente Amplio, el PPD y el Partido Liberal, los presidentes de las cinco colectividades realizaron un llamado al Gobierno para que retire el proyecto de reforma constitucional del Congreso.
La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, detalló que uno de los grandes problemas de la iniciativa es que no aborda el problema de seguridad, sino que apunta a «darle atribuciones de emperador a un Presidente de la República».
Martínez sostuvo: «Si alguien quiere discutir en serio en materia de seguridad, tiene que fortalecer los tribunales, el Ministerio Público, las policías y que el Ejecutivo haga su trabajo, que es coordinar a los distintos actores».
Con Información de radio.uchile.cl
