A principios de 2026, el Contraalmirante Hernán Montero, jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, declaró en un podcast que la boca de Magallanes era argentina. Estas manifestaciones, que se viralizaron en redes sociales en abril, provocaron una importante controversia. Ante esto, el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Francisco Pérez-Mackenna, expresó que «la soberanía de Chile en el Estrecho de Magallanes es indiscutible y se funda en dos tratados, de 1881 y 1984» y que «Chile ejerce pleno control sobre ambas riberas del Estrecho y asegura la libre navegación a todos los Estados, conforme con el derecho internacional».
Durante esta semana, el Brigadier General Gustavo Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, sostuvo en otro podcast que Magallanes estaba bajo soberanía argentina y que debían hacer presencia porque constituye una llave bioceánica Atlántico-Pacífico. La Cancillería chilena envió una nota de protesta por estas declaraciones del alto mando argentino. Por su parte, desde Argentina emitieron un comunicado en el que, si bien reconocen que «la posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984» y que «ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina», no cuestionaron las expresiones de sus mandos militares ni declararon de manera explícita que Chile posee la soberanía sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes.
Paralelamente a la controversia generada por las declaraciones del alto mando de la Fuerza Aérea Argentina, la cuenta oficial de la Armada Argentina publicó un video en Instagram del destructor ARA «Almirante Brown» navegando por fiordos australes, acompañado de un texto que indicaba que atravesaba «uno de los escenarios marítimos más australes y desafiantes del país», sin mencionar que navegaba por aguas interiores chilenas. Posteriormente, el texto fue modificado para eliminar la referencia «del país» y especificar que se trataba de canales fueguinos chilenos.
Aunque podría considerarse que los hechos ocurridos durante este 2026 son situaciones aisladas, un análisis más detallado permite identificar un patrón de conducta. El hecho de que altos mandos trasandinos emitan opiniones que cuestionan la soberanía chilena, seguidas de respuestas del gobierno argentino que reafirman los tratados de 1881 y 1984 sin declarar expresamente la soberanía chilena, constituye antecedentes contrarios a los intereses nacionales de Chile.
Este comportamiento responde a una doctrina estratégica profundamente enraizada en Argentina. Históricamente, el país ha sostenido la llamada «Tesis de Storni» de 1916, que plantea la co-soberanía del Estrecho de Magallanes. En el plano normativo, en julio de 2021 el gobierno del expresidente Alberto Fernández publicó el Decreto N°457/2021, que actualizó la Directiva de la Política de Defensa Nacional Argentina, en el cual se designó al Estrecho de Magallanes y al Mar de Drake como espacios compartidos sobre los que se debía continuar fortaleciendo la «exploración, estudio y control conjunto», en contradicción con el Tratado de 1881, que reconoce el Estrecho como exclusivamente chileno, permitiendo únicamente el libre paso de navegación para todas las naciones y prohibiendo la militarización de las costas, y con el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que estableció la frontera oriental del estrecho como la línea recta entre Punta Dungeness y Cabo del Espíritu Santo. Actualmente, el Decreto N°457/2021 permanece vigente a pesar de las solicitudes para derogarlo o enmendarlo.
Ante esta situación, resulta imprescindible para Chile comprender el patrón histórico argentino, así como el renovado interés geopolítico por el control de vías marítimas estratégicas y la importancia que adquieren los pasos bioceánicos para la seguridad, el comercio y la proyección de poder. Esto no implica comenzar desde cero. Existen lineamientos institucionales que el país ya ha establecido. La Política de Defensa Nacional de 2020 señala que «nuestro territorio en el extremo sur del continente constituye una posición estratégica privilegiada para establecer centros de soporte en el continente para las actividades antárticas nacionales e internacionales, para otorgar conectividad marítima y aérea a la Antártica y para dar seguridad a los dos pasos marítimos naturales (el Estrecho de Magallanes y el Paso de Drake) que conectan los Océanos Atlántico y Pacífico». La Política Antártica Nacional, actualizada en 2024, establece entre sus objetivos el «fortalecer y promover a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena como un centro de actividad antártica nacional e internacional, consolidándola como un polo de desarrollo científico, tecnológico, logístico, cultural y turístico, reforzando la conectividad entre esta región y el continente antártico».
Para concretar estos y otros objetivos, es urgente reconocer la innegable condición de Chile como país austral y antártico. Junto con esto, en un contexto internacional donde el orden basado en reglas muestra signos evidentes de deterioro, las declaraciones ante cada situación coyuntural y la invocación de tratados no son suficientes por sí solas. La soberanía no solo se declara, se ejerce. Y se materializa mediante el control efectivo del territorio, el desarrollo logístico, el fortalecimiento de las capacidades nacionales y, especialmente, integrando los espacios australes en la discusión estratégica cotidiana. Solo asumiendo un rol proactivo Chile dejará de ser un espectador que reacciona ante polémicas ocasionales que, sin fundamento, cuestionan la soberanía nacional.
Con Información de elradar.cl
