La Asociación Nacional de Fiscales de Chile mantiene una alerta constante debido al alarmante incremento de amedrentamientos contra los persecutores penales en el país. Datos actualizados de la organización gremial revelan que un 30% de los fiscales chilenos ha recibido amenazas directamente relacionadas con sus funciones investigativas, mientras que un 10% ha llegado a ser víctima directa de agresiones o atentados.
La situación ha escalado a tal nivel que el fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó a inicios de septiembre de 2026 que el Ministerio Público ha tenido que implementar medidas especiales de protección y el uso de escoltas policiales para resguardar la vida de varios persecutores asignados a casos de alta complejidad o vinculados al crimen organizado.
Patricia Ibarra, presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), ha manifestado una profunda preocupación frente al aumento de amedrentamientos por parte del crimen organizado, señalando que las amenazas a persecutores atentan directamente contra la capacidad del Estado para hacer justicia.
Tras revelarse el 1 de septiembre de 2026 que al menos 13 fiscales en Chile se encuentran bajo estrictas medidas de protección debido a amenazas de muerte, la líder gremial ha fijado una postura firme sobre el tema.
Ibarra enfatiza que «mientras el crimen organizado se vuelve más complejo y más violento, también aumenta la exposición de quienes tienen la tarea de investigar». Explica que ejercer como persecutor ya no es simplemente una profesión, sino una alta responsabilidad social frente a delincuentes cada vez más osados.
La directiva de la asociación ha insistido en que las autoridades políticas y policiales investiguen a fondo cada amenaza. Casos emblemáticos, como los amedrentamientos dirigidos al domicilio de persecutoras de alta connotación pública como Ximena Chong, han gatillado enérgicos rechazos públicos.
Los fiscales atribuyen este fenómeno a la mutación de la delincuencia tradicional hacia estructuras de crimen organizado transnacional más violentas y osadas, las cuales buscan intervenir de manera directa en los procesos judiciales.
Con Información de revistaseguridad.cl
