Lo que inició como la tramitación de un decreto supremo de 53 páginas para reglamentar la Ley de Seguridad Municipal derivó en una rebelión transversal de los alcaldes del país.
El conflicto se centra en un artículo que vincula administrativamente los errores en la contratación o acreditación de inspectores de seguridad con la destitución de los alcaldes por «notable abandono de deberes».
El sector municipal considera que el Gobierno incurrió en una «ilegalidad» al intentar normar por vía de un reglamento una sanción que la Constitución reserva exclusivamente a las leyes orgánicas.
Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de Zapallar, expresó profunda sorpresa y rechazo ante el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal presentado por el Gobierno a la Contraloría.
A través de una declaración pública del directorio de la asociación, Alessandri concentró su postura en dos puntos críticos: la falta de socialización de la norma, que nunca fue compartida con las asociaciones de municipios ni con los jefes y jefas comunales; y la ilegalidad de la medida, argumentando que una causal para destituir a una autoridad elegida democráticamente no puede establecerse mediante un reglamento o decreto.
Por estas razones, el líder de la ACHM exigió formalmente al Ejecutivo retrotraer la presentación del reglamento ante la Contraloría y eliminar completamente la cláusula cuestionada.
El artículo 8° redactado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, liderada por Gonzalo Guerrero, establece que los municipios deben verificar requisitos estrictos para los inspectores y enviar nóminas trimestrales a Carabineros. Sin embargo, su párrafo final generó la controversia al indicar explícitamente que incumplir dicha norma podría configurar para el alcalde la causal de cese del cargo.
Ante el conflicto, el Gobierno transitó del control de daños a la explicación técnica. La subsecretaría y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, enfatizaron que el reglamento «no innova ni crea nuevas causales», sino que solo explicita responsabilidades ya contempladas en la legislación vigente.
Arrau expresó: «Agradecemos a los municipios que nos han hecho ver esta redacción, que puede dar espacio a interpretaciones», buscando reducir la tensión política y aseguró que se utilizarán los canales institucionales con la Contraloría General de la República para aclarar y corregir el texto.
Pese a los esfuerzos del Ejecutivo, el malestar se extendió al Congreso Nacional. Parlamentarios de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados oficializaron formalmente un requerimiento al ministro para exigir el retiro inmediato del reglamento en trámite de toma de razón. La tensión alcanzará un capítulo clave el miércoles a primera hora, cuando las asociaciones de alcaldes se reúnan con el subsecretario Guerrero para desactivar un conflicto que el propio oficialismo reconoce como un flanco comunicacional autogenerado.
Con Información de revistaseguridad.cl
