La incorporación de Lima al Escudo de las Américas profundiza la cooperación con Estados Unidos en inteligencia y operaciones contra el crimen organizado. Mientras Perú opta por integrarse plenamente al mecanismo, Chile mantiene por ahora la condición de observador. Detrás de la ofensiva contra los carteles también emerge una disputa mayor: quién definirá la arquitectura de seguridad del hemisferio en un escenario marcado por la creciente presencia de China.
La decisión de Perú de integrarse al denominado Escudo de las Américas abre un nuevo capítulo en la configuración de la seguridad sudamericana. Más que un acuerdo destinado exclusivamente a combatir el narcotráfico, la iniciativa impulsada por Estados Unidos comienza a convertirse en una plataforma desde la cual Washington busca articular capacidades militares, policiales y de inteligencia de distintos países del continente frente al crimen organizado transnacional.
La formalización del ingreso peruano fue anunciada el 10 de septiembre en Lima, después de una reunión entre la presidenta Keiko Fujimori y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. El objetivo declarado es aumentar la velocidad del intercambio de información y fortalecer la capacidad de respuesta frente a organizaciones criminales que operan simultáneamente en varios Estados.
Pero la decisión también produce una consecuencia estratégica inmediata: Perú está definiendo con mayor claridad su posición dentro de la arquitectura de seguridad que Estados Unidos intenta consolidar en el hemisferio, mientras Chile todavía mantiene distancia respecto de una adhesión completa.
El Escudo de las Américas comenzó a estructurarse formalmente en marzo de 2026. En la conferencia realizada en Doral, Florida, representantes de 17 países suscribieron una declaración orientada a ampliar la cooperación bilateral y multilateral en seguridad fronteriza, combate al narcoterrorismo y tráfico ilícito, protección de infraestructura crítica y otras amenazas compartidas.
El documento tiene una característica significativa: no establece únicamente mecanismos policiales. La convocatoria y buena parte de su arquitectura institucional están vinculadas directamente con organismos de defensa y seguridad, además del Comando Sur de Estados Unidos, lo que eleva la iniciativa desde la cooperación tradicional contra las drogas hacia un esquema con potencial operativo y estratégico considerablemente mayor.
Perú ya había participado de esa etapa inicial y su Ministerio de Defensa aparece entre los firmantes de la declaración de marzo. El anuncio realizado ahora por Fujimori representa, por tanto, un paso político adicional: Lima está transformando esa participación en una decisión explícita de alineamiento y cooperación dentro del mecanismo.
La propia mandataria peruana sostuvo que la participación permitirá obtener información con mayor rapidez y actuar con más firmeza frente a amenazas que ya no pueden enfrentarse exclusivamente dentro de las fronteras nacionales.
Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, armas, personas y lavado de activos operan mediante estructuras distribuidas. Las rutas pueden comenzar en un país productor, utilizar infraestructura logística de un segundo Estado, mecanismos financieros de un tercero y terminar en mercados situados fuera de América Latina.
Frente a esa realidad, la inteligencia pasa a convertirse en uno de los activos más importantes de la cooperación regional. No se trata solamente de aumentar patrullajes o controles fronterizos. La capacidad de identificar flujos financieros, comunicaciones, estructuras logísticas y vínculos entre organizaciones criminales puede determinar la eficacia de una operación antes incluso de que las fuerzas de seguridad intervengan.
La diferencia con Chile comenzó a hacerse más visible esta semana. El presidente José Antonio Kast señaló el 14 de septiembre que Chile permanece actualmente en calidad de observador dentro del Escudo de las Américas. La definición confirma que Santiago mantiene abiertos los canales de cooperación, pero todavía no da el mismo paso político anunciado por Perú.
Chile enfrenta fenómenos criminales que difícilmente pueden ser abordados exclusivamente mediante instrumentos nacionales: narcotráfico marítimo, tráfico de armas, crimen organizado transfronterizo, lavado de activos y estructuras delictuales conectadas con redes regionales. Desde esa perspectiva, acceder a sistemas más amplios de intercambio de inteligencia podría generar ventajas operativas evidentes.
Pero una incorporación plena también obligaría a precisar hasta dónde llegarían los compromisos asumidos por el país: si el intercambio se limitaría a inteligencia, si podrían desarrollarse operaciones coordinadas, qué participación tendrían las Fuerzas Armadas, si existirían protocolos para compartir información sensible y quién determinaría las organizaciones consideradas amenazas prioritarias.
Con Información de elradar.cl
