El caso que involucra al exfiscal Vinko Fodich, a funcionarios activos de la PDI y a personas vinculadas al denominado Clan Chen genera una inquietud profunda acerca del estado de las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía.
La posibilidad de que personas con conocimiento interno del funcionamiento del Estado hayan utilizado ese conocimiento para favorecer una operación criminal es preocupante. No se trata solamente de delincuentes enfrentándose a policías, sino de la posibilidad de que el mundo criminal intente acercarse a quienes tienen la responsabilidad de combatirlo.
Uno de los aspectos más inquietantes es la presunta utilización de elementos propios de la actividad policial para dar apariencia de legitimidad a una operación que, según la investigación, habría tenido fines criminales. Cuando un ciudadano ve a alguien que se presenta como policía, observa un procedimiento que parece oficial e escucha instrucciones, naturalmente supone que detrás existe la autoridad del Estado. Si esa autoridad es utilizada para fines distintos de aquellos para los cuales fue creada, el daño no termina en la víctima directa, sino que alcanza a toda la sociedad.
La situación se vuelve más delicada porque entre los investigados aparecen funcionarios activos de la Policía de Investigaciones. Aunque el hecho de que existan funcionarios investigados no significa que toda la institución esté comprometida, tampoco es correcto mirar el problema como si nada hubiera ocurrido.
Las policías manejan información extremadamente sensible y tienen acceso a investigaciones, bases de datos, procedimientos y herramientas que la mayoría de los ciudadanos desconoce. Esa información, en manos equivocadas, puede convertirse en un poderoso instrumento para el crimen. Por eso las instituciones modernas necesitan controles capaces de detectar rápidamente cuándo alguien cruza la línea.
La pregunta fundamental es si estamos frente a una sucesión de episodios independientes o ante señales de una vulnerabilidad institucional mucho más profunda. No corresponde afirmar que exista una estructura generalizada de corrupción dentro de las instituciones chilenas, pero tampoco sería responsable mirar estos antecedentes como simples hechos aislados.
El crimen organizado ha cambiado su forma de operar. Ya no actúa solamente mediante armas, drogas, sicarios o territorios controlados, sino que también necesita abogados, financistas, empresas, testaferros, información, contactos, funcionarios corruptibles y conocimiento de los procedimientos del Estado. En otras palabras, necesita infiltrarse en el ecosistema institucional que debe combatirlo.
Con Información de revistaseguridad.cl
