El Poder Ejecutivo decidió retirar de la Contraloría el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal para enmendar una disposición cuestionada que exponía la permanencia de los alcaldes en sus cargos. El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, comunicó esta determinación el miércoles pasado en una conferencia de prensa realizada junto con diversos organismos municipales del país.
La inconformidad de los autoridades locales se concentraba en el artículo 8 del documento. Esta norma exigía a las municipalidades ejecutar un análisis exhaustivo de los requisitos previo al nombramiento de inspectores o del jefe de seguridad pública.
El aspecto problemático residía en las consecuencias por incumplimiento: el reglamento indicaba que los alcaldes podrían enfrentar acusaciones de «notable abandono de deberes», una causal que habilita la destitución conforme al artículo 60 de la Ley 18.695.
Los alcaldes catalogaron la medida como un «riesgo desproporcionado» y objetaron que una sanción de esa magnitud se intentara normar mediante un decreto administrativo en lugar de una normativa aprobada por el Congreso. Ante esta situación, la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) pidió detener el documento e instaurar una mesa de trabajo común para reformular la regulación.
Si bien el biministro Claudio Alvarado sustentó inicialmente el texto argumentando que únicamente reiteraba una disposición existente sin introducir nuevas causales de remoción, la oposición de los gobiernos locales generó un cambio de rumbo.
Posteriormente, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, autorizó la modificación del decreto. El Gobierno sostiene que no hubo un error fundamental, sino que la retirada apunta a eliminar ambigüedades y reducir la posibilidad de interpretaciones distintas que afecten la ejecución de la ley.
Las críticas provinieron tanto de la oposición como de alcaldes pertenecientes a sectores oficialistas. El debate se enfocó en si un reglamento podía producir ese impacto sobre una autoridad electa mediante sufragio ciudadano y en la ausencia de una consulta previa con las asociaciones municipales sobre esa disposición.
La Asociación Chilena de Municipalidades había solicitado retirar el documento y suprimir la cláusula, esgrimiendo que una causal de cese de alcaldes no podía fijarse a través de la vía reglamentaria. El Gobierno, en cambio, había planteado inicialmente que el documento no introducía una causal inédita, sino que hacía referencia a responsabilidades ya contempladas en la legislación municipal.
José Manuel Palacios, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), y Gustavo Alessandri Bascuñán, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), expresaron su aprobación por la decisión de la autoridad.
Con Información de revistaseguridad.cl
